CELAYA, GTO.- El Ayuntamiento de la administración 2012-2015 presidida por Ismael Pérez Ordaz, se salvó de ser sancionada, luego de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) hubiera observado como fuera de la ley, un bono denominado “apoyo para mantenimiento de vehículos” que se aprobaron y del que cada uno recibía 12 mil pesos mensuales, pues el caso caducó.
Así se confirmó este viernes en sesión de Ayuntamiento en donde el cierre del caso se sometió a votación del pleno y en donde los tres regidores del PRI, Nueva Alianza y Movimiento ciudadano.
Al respecto el regidor panista y presidente de la comisión de contraloría, Trinidad Martínez Soto dijo que recibió en junio del 2016 la denuncia de la ASEG, sin embargo había prescrito desde diciembre del 2015.
“Como es una denuncia que viene de la Auditoría Superior de una auditoría que se realizó por actos que corresponden al mes de septiembre del 2013 fueron prescritos desde diciembre del 2015” explicó el Edil.
Negó que se esté favoreciendo a ex funcionarios, dejando que sus casos caduquen y que todo lo hacen apegado a la ley.
Los señalados eran Salvador Ortega (síndico) Eduardo Guillén (síndico) Vicente Caracheo (secretario del Ayuntamiento) José Alberto Pérez (regidor) Rebeca Lomelín (regidora) Georgina Suárez (regidora) Rodolfo Segura (regidor) Carlos Reza (regidor) Marco Gaxiola (regidor) Rubén Guerrero (regidor) Francisco Briseño (regidor) Antonio Rodríguez (regidor) Rosa I. Hernández (regidora) Dulce Gállego (regidora) Martha Gómez (regidora)