Guanajuato, Gto. – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen en conjunto de siete diferentes iniciativas que reúnen diferentes solicitudes de colectivos y grupos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las propuestas son las siguientes:
La primera, iniciativa de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que los familiares y sus representantes tengan acceso de manera íntegra e inmediata al expediente de búsqueda de personas desaparecidas y que los sujetos obligados publiquen de forma rápida la versión del registro estatal de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el estado.
Tres propuesta de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato; una de ellas con el objeto de que el presupuesto asignado a la Comisión de Búsqueda no pueda ser menor que el asignado el ejercicio inmediato anterior; una más, para adecuar dicho ordenamiento a las necesidades de los órganos operadores en investigación y proceso de búsqueda; y para incorporar nuevos conceptos e instituciones, incluir lenguaje incluyente y perspectiva de género, reconocer a los grupos independientes, entre otras modificaciones.
La iniciativa de reforma a las leyes de Responsabilidad Patrimonial, para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Víctimas del Estado de Guanajuato, en materia de responsabilidad patrimonial.
Propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con la finalidad de reconocer la dignidad póstuma de las personas.
Y finalmente, la iniciativa para modificar la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato para que la persona titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) forme parte del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y en la Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano refirió que dichas acciones forman parte del compromiso adquirido para marcar como prioritarias aquellas propuestas relacionadas con la solicitud de la alerta de violencia de género en la entidad, en la que se recogió las opiniones que abarcan aspectos del marco jurídico nacional e internacional.
Por su parte, la congresista Yulma Rocha Aguilar externó que se han dejado fuera temas de importancia para los colectivos, además de la existencia de enunciados agresivos e irrespetuosos hacia dichos grupos que señalan una carencia de conocimientos en el marco jurídico, toda vez que estos están realizando actividades que les corresponden a las autoridades.
Agregó que no se contempla el lenguaje incluyente por seguir en la redacción vocablos y estructuras que hacen alusión a un lenguaje androcentrista.
El legislador David Martínez Mendizábal reiteró que varias de las demandas y propuestas manifestados por los colectivos de búsqueda no fueron incluidos en la propuesta final, misma que simboliza un avance hacia el objetivo de apoyar a dicho sector de la población que lidia con la carga emocional y física por la desaparición de sus seres queridos.
Se acordó el dictamen en sentido negativo de la iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, relativa al marco jurídico de defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
También se aprobó el dictamen conjunto de las iniciativas de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; a fin de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual cometido por servidores públicos; y para incorporar en el ámbito de la responsabilidad administrativa la sanción a las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres.
La diputada Yulma Rocha Aguilar propuso una reserva para que el artículo 57 quedara de la siguiente manera: Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realice por sí o a través de tercera persona, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como violencia política contra las mujeres en razón de género. La propuesta no fue aprobada.
Mismo trámite recibieron las propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la iniciativa de reforma a las Leyes Orgánica del Poder Legislativo, Orgánica del Poder Ejecutivo, Orgánica del Poder Judicial, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública; amabas que buscan la capacitación obligatoria en perspectiva de género.
Al hacer uso de la voz, la legisladora María de la Luz Hernández Martínez resaltó que la garantía del derecho a la igualdad de cada persona es una obligación del estado que se pretende fortalecer con la presente iniciativa, que también significará una introspección de las personas servidoras públicas de todos los niveles y así se contribuya a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
En otros temas, se aprobó la metodología de la iniciativa de Ley del Centro de Estudios Constitucionales del Estado de Guanajuato, la cual se remitirá para opinión al Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y a los 46 ayuntamientos.
De igual forma, se acordó que para la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para incorporar un nuevo mecanismo de control político por parte del Poder Legislativo, específicamente en materia de seguridad pública. Se remitirá a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública.
Ambas metodologías contemplan el habilitar un enlace en la página web del Congreso del Estado a efecto de consulta y participación ciudadana. Todo ello con un lapso de 20 días hábiles. Y posterior a ello se realizará una mesa de trabajo.
Finalmente, se radicó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, con el fin de que un año antes del primer periodo de quien sea titular de la Rectoría General manifieste su deseo de aspirar a un segundo periodo y deje de presidir el Consejo General, asimismo quien sea titular de la Secretaría General, deje de serlo también del Consejo General.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Briseida Anabel Magdaleno González, Laura Cristina Márquez Alcalá, Yulma Rocha Aguilar; así como Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González.