CELAYA, Gto.- Pese a que el ayuntamiento aprobó llamar a comparecer a la tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez y al director de obra pública, Enrique Miranda Carrera por la ejecución de obras por casi 2 millones de pesos sin permiso del cabildo, esto no ha ocurrido.
Pues fue en la sesión de ayuntamiento del pasado 14 de junio cuando la fracción priista pidió que los funcionarios mencionados dieran una explicación ante el pleno sobre su actuar, y que se aprobara que fuera únicamente en la comisión de obra pública, éstos no han sido siquiera llamados a dar su versión de los hechos de manera oficial.
Al respecto el regidor del tricolor, Jorge Montes González, evidenció el hecho en la sesión de ayuntamiento celebrada este martes en donde pidió fijar una fecha para dicha comparecencia.
Al respecto la regidora comisionada de obra pública, Adriana Audelo Arana respondió que los funcionarios no han sido llamados a comparecer, debido a que dentro de los trabajos de la comisión se ha dado prioridad a la definición de la ejecución de los recursos provenientes del Fondo 1 y Fondo 2.
“La razón fundamental es estos proyectos que ya te expongo, ya teníamos una agenda de trabajo definida y yo creo que estas acciones son prioritarias, no desestimando este proceso que es un acuerdo generado en pleno que va a tener que seguirse, mi comisión ordinaria tengo hasta el 12 de este mes (julio) para poderla hacer entonces próximamente estaremos dando la fecha” Justificó.
Por su lado el titular de obra pública, Enrique Miranda Carrera, confirmó que no ha recibido ninguna notificación y reiteró que no actuó de manera ilegal al realizar estas obras sin pasar por beneplácito del cabildo.
“Qué les puedo decir, que diga la contraloría, yo creo que no actué sin saltarme ningún asunto legal, estaré esperando que me llamen” Comentó.
Es de recordarse que los proyectos realizados sin anuencia de los ediles fueron la rehabilitación del edificio del sistema DIF municipal, por 391 mil 557 pesos; la rehabilitación de acceso y estacionamiento del recinto ferial, por un millón 311 mil pesos, y el drenaje de una escuela rural, por 28 mil pesos.