Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya una revisión exhaustiva y establezca cambios en las reglas de operación de los programas sociales federales, con el objetivo de prevenir y erradicar actos de corrupción en su diseño, operación y ejecución.
De igual manera, para que se implementen mecanismos eficaces de control y seguimiento que permitan evitar las distorsiones, irregularidades y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a dichos programas, garantizando que cada peso sea aplicado con transparencia, legalidad y en beneficio exclusivo de las personas que verdaderamente lo requieren.
Al hablar de la propuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que es riguroso realizar esas consideraciones en el marco del reciente informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el cual evidencia de manera contundente las omisiones, errores administrativos y posibles actos de corrupción cometidos por la administración federal.
Precisó que, el informe revela prácticas que van desde deficiencias operativas y administrativas hasta posibles desvíos de recursos y manejos irregulares que podrían configurar responsabilidades legales. Compartió que según datos de la Auditoría Superior de la Federación se detectaron irregularidades por un monto acumulado de 303 mil 544 millones de pesos en los primeros cinco años de gobierno del expresidente López Obrador.
Añadió que, las auditorías han identificado prácticas preocupantes, como la entrega de apoyos a personas que no cumplen con los requisitos de los programas sociales, la dispersión de recursos a beneficiarios sin documentación comprobatoria e, incluso, a personas fallecidas.
La legisladora remarcó que esas irregularidades resaltan la necesidad de mejorar los mecanismos de control y supervisión en la administración de los programas sociales para asegurar que los recursos se utilicen de manera adecuada y lleguen a quienes realmente los necesitan.
Finalmente, Bermúdez Cano aseveró que es urgente realizar una revisión profunda de todas las reglas de operación de los programas sociales, no solo como un acto de cumplimiento legal, sino como un compromiso ético y constitucional para garantizar su correcta aplicación.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, para su estudio y dictamen.