Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones y en relación con el proyecto de la NOM-253-SSA1-2024, considere opciones para atender las observaciones y preocupaciones que han sido compartidas respecto al cumplimiento de los cambios propuestos a la referida regulación.
Lo anterior, en virtud de las capacidades técnicas existentes y del impacto económico que implicaría la implementación obligatoria de pruebas de Detección de Ácidos Nucleicos (NAT) y la modernización de infraestructura, cuyos costos podrían afectar la viabilidad de instituciones que prestan estos servicios; en particular, aquellas de pequeña y mediana escala, que no cuentan con capacidad para asumirlos sin apoyo gubernamental.
De igual manera, al titular de la Secretaría de Salud Federal para que instrumente incentivos para la modernización de equipos y programas de capacitación permanente del personal, a efecto de garantizar la transición normativa, a fin de prevenir el cierre de operaciones de bancos de sangre y establecimientos privados dedicados al manejo de sangre humana y sus componentes terapéuticos, garantizando así el abasto oportuno de estos servicios vitales, particularmente en zonas vulnerables.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Ana María Esquivel Arrona comentó que la incorporación de nuevas pruebas técnicas responde al legítimo objetivo de proteger a donantes y receptores frente a enfermedades transmisibles por vía sanguínea.
Sin embargo, dijo, se debe reflexionar sobre los efectos colaterales que una implementación de esa naturaleza podría generar si no se acompañan por medidas adicionales, especialmente para los bancos de sangre que no tienen la capacidad de adaptación a las nuevas regulaciones.
La congresista compartió que ante la obligatoriedad de la NOM-253-SSA1-2024, las empresas del sector deberán contar con equipos complejos, instalaciones con estrictos niveles de bioseguridad y personal especializado en biología molecular con capacitación continua.
En ese sentido, refirió que tendrá un impacto significativo en el sistema de salud, pues se debe exigir la realización de un diagnóstico integral que identifique con precisión las capacidades reales de los bancos de sangre en el país, considerando variables como: el nivel de equipamiento, condiciones de bioseguridad, disponibilidad de personal especializado, fuentes de financiamiento y la distribución geográfica de la infraestructura operativa existente.
Esquivel Arrona manifestó que es indispensable diseñar e implementar políticas públicas específicas, como esquemas de apoyo financiero, incentivos para la modernización tecnológica y programas de capacitación permanente, que faciliten la transición normativa de manera sostenible.
“Solo así será posible asegurar que los objetivos sanitarios de la norma se cumplan sin comprometer la operación y permanencia de los establecimientos que brindan este servicio esencial, en particular aquellos ubicados en comunidades con limitada oferta médica”, finalizó la congresista.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.