MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El productor musical Cruz Martínez, reconocido por su trabajo con los Kumbia Kings, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar tras la denuncia presentada por su exesposa, la cantante Alicia Villarreal. La resolución fue emitida por un juez de Nuevo León, quien determinó que existen elementos suficientes para que continúe la investigación en su contra.
Según la carpeta de investigación, Villarreal habría sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales durante un incidente ocurrido el pasado 15 de febrero en su domicilio en Monterrey. De acuerdo con la denuncia, la cantante presentó lesiones en el cuello, brazos y torso, además de haber señalado que Martínez la habría despojado de pertenencias personales como su celular, identificación y pasaporte, dejándola incomunicada.
Tras la audiencia, el juez impuso varias medidas cautelares, entre ellas que Martínez no pueda acercarse a Villarreal ni a los lugares que ella frecuente. Asimismo, deberá presentarse cada 15 días ante las autoridades para firmar y mantener vigente el proceso.
Aunque inicialmente existían tres acusaciones —violencia familiar, tentativa de feminicidio y robo— las dos últimas fueron descartadas, por lo que solo se mantiene el cargo de violencia familiar. De encontrarse culpable, la pena podría oscilar entre seis meses y cuatro años de prisión, según lo establece el Código Penal Federal.
Por su parte, Cruz Martínez difundió un comunicado en el que aseguró ser “completamente inocente” y señaló que la vinculación no determina culpabilidad, sino únicamente la continuación del proceso. El productor también cuenta con un amparo que lo protege temporalmente de una posible orden de aprehensión.
El caso ha generado amplia atención mediática, especialmente después de que Alicia Villarreal realizara la señal internacional de auxilio por violencia de género durante uno de sus conciertos, en un gesto que sus seguidores interpretaron como una petición de ayuda.
La investigación complementaria continuará durante los próximos dos meses, plazo fijado por el juez para que el Ministerio Público reúna nuevas pruebas y testimonios antes de determinar los siguientes pasos legales.