Guanajuato, Gto. –  En sesión ordinaria, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones y en relación con el proyecto de la NOM-253-SSA1-2024, considere opciones para atender las observaciones y preocupaciones que han sido compartidas respecto al cumplimiento de los cambios propuestos a la referida regulación.

Lo anterior, en virtud de las capacidades técnicas existentes y del impacto económico que implicaría la implementación obligatoria de pruebas de Detección de Ácidos Nucleicos (NAT) y la modernización de infraestructura, cuyos costos podrían afectar la viabilidad de instituciones que prestan estos servicios; en particular, aquellas de pequeña y mediana escala, que no cuentan con capacidad para asumirlos sin apoyo gubernamental.

De igual manera, al titular de la Secretaría de Salud Federal para que instrumente incentivos para la modernización de equipos y programas de capacitación permanente del personal, a efecto de garantizar la transición normativa, a fin de prevenir el cierre de operaciones de bancos de sangre y establecimientos privados dedicados al manejo de sangre humana y sus componentes terapéuticos, garantizando así el abasto oportuno de estos servicios vitales, particularmente en zonas vulnerables.

Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Ana María Esquivel Arrona comentó que la incorporación de nuevas pruebas técnicas responde al legítimo objetivo de proteger a donantes y receptores frente a enfermedades transmisibles por vía sanguínea.

Sin embargo, dijo, se debe reflexionar sobre los efectos colaterales que una implementación de esa naturaleza podría generar si no se acompañan por medidas adicionales, especialmente para los bancos de sangre que no tienen la capacidad de adaptación a las nuevas regulaciones.

La congresista compartió que ante la obligatoriedad de la NOM-253-SSA1-2024, las empresas del sector deberán contar con equipos complejos, instalaciones con estrictos niveles de bioseguridad y personal especializado en biología molecular con capacitación continua.

En ese sentido, refirió que tendrá un impacto significativo en el sistema de salud, pues se debe exigir la realización de un diagnóstico integral que identifique con precisión las capacidades reales de los bancos de sangre en el país, considerando variables como: el nivel de equipamiento, condiciones de bioseguridad, disponibilidad de personal especializado, fuentes de financiamiento y la distribución geográfica de la infraestructura operativa existente.

Esquivel Arrona manifestó que es indispensable diseñar e implementar políticas públicas específicas, como esquemas de apoyo financiero, incentivos para la modernización tecnológica y programas de capacitación permanente, que faciliten la transición normativa de manera sostenible.

“Solo así será posible asegurar que los objetivos sanitarios de la norma se cumplan sin comprometer la operación y permanencia de los establecimientos que brindan este servicio esencial, en particular aquellos ubicados en comunidades con limitada oferta médica”, finalizó la congresista.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

Guanajuato, Gto.- Para construir un Guanajuato más limpio, sustentable y responsable con el medio ambiente, el GPPAN y la RPPRD, presentaron una iniciativa de reforma, con la finalidad de impulsar el uso de materiales reciclados provenientes de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en las obras públicas.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada Marisa Ortiz Mantilla expuso que la industria de la construcción es una de las principales responsables de la sobreexplotación de recursos naturales en el mundo, pues de acuerdo con el Worldwatch Institute, hasta el 60% de los materiales extraídos de la Tierra se destinan a la construcción y esta actividad genera aproximadamente la mitad de las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

En este contexto, la legisladora destacó que la iniciativa se basa en tres principales objetivos que son: valorizar los residuos para aprovecharlos, prevenir desde el diseño de la construcción el uso de productos contaminantes o de difícil degradación, y promover la responsabilidad ambiental contractual para que los criterios de sustentabilidad no sean “decorativos”.

Especificó que con este propuesta se busca reformar la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de que en los procedimientos de contratación pública de obra se incorporen requisitos ambientales para el uso de tecnologías sostenibles que valoricen y aprovechen residuos de construcción y demolición.

“Trasformar este pasivo ambiental es una oportunidad de innovación, de generar empleo verde, de apostar a la eficiencia en la obra pública y en el liderazgo ambiental, por eso, los invito a apoyar esta propuesta con la reflexión de que cada ladrillo mal gestionado es un metro de suelo contaminado en Guanajuato. Esta es una tarea compartida y urgente, que requiere visión ambiental y de desarrollo urbano, así como de un trabajo articulado con el sector de la construcción”, agregó.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.  

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las y los guanajuatenses durante sus traslados diarios, las diputadas y los diputados del PAN y PRD, presentaron una iniciativa para castigar con mayor severidad el robo cometido en transporte público, taxis, terminales y vehículos particulares o de aplicación.

En su intervención en tribuna, el diputado Aldo Márquez, explicó que la iniciativa pretende reformar el Código Penal del Estado, a fin de tipificar como robo calificado aquellos delitos que se cometan cuando la víctima o el objeto del robo se encuentren dentro de un vehículo, ya sea de transporte público, particular, taxi o aplicación, así como en terminales o paradas del servicio.

Además de sancionar con mayor rigor la tentativa de robo y los casos en los que delincuentes rompen cristales de automóviles para sustraer pertenencias.

Al respecto, el legislador señaló que la medida responde a la creciente incidencia de este tipo de delitos en el estado, los cuales no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que vulneran gravemente su tranquilidad y seguridad.

“La ley debe ponerse del lado de quienes madrugan, de quienes vuelven tarde, de quienes recorren largas distancias para cumplir su deber. La justicia comienza en lo cotidiano, y eso incluye necesariamente proteger el patrimonio de quienes todos los días sostienen con su esfuerzo a este país”, subrayó.

Aldo Márquez subrayó que, aunque el robo de objetos como celulares, carteras o documentos pueda parecer menor, en realidad representa un golpe a la estabilidad emocional y a la confianza en los espacios públicos.

“No se trata solo de lo material, se trata del teléfono con el que una madre se comunica con sus hijos, de la credencial de un estudiante, de los papeles para un trámite urgente. A todas y todos los guanajuatenses, les decimos desde este Poder Legislativo que cada día trabajamos con convicción para que ustedes y sus familias vivan con mayor seguridad, con tranquilidad y con el compromiso de construir un mejor Guanajuato”, acentuó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.