Guanajuato, Gto. –  Esta tarde, sesionó la Comisión de Hacienda y Fiscalización para dar trámite a diversos asuntos.

En primer lugar se radicaron los informes generales formulados por la Auditoría Superior del Estado de los procesos de entrega recepción correspondientes a las administraciones públicas municipales 2021-2024 de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

De igual manera, se dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que, en uso de sus atribuciones, realice una auditoría financiera y de desempeño a la empresa Guanajuato Leasing Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR, abarcando los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y concomitante 2025.

El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comentó que, con base en lo acordado para las metodologías de análisis, la propuesta se remitió a la Auditoría Superior del Estado para que presente una ficha técnica y lo exponga en la comisión.

En el apartado de asuntos generales, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor comentó que solo se había radicado el punto de acuerdo y que, ante la evidente desaparición, solicitaba se le diera el trámite de urgente para dictaminar en sentido positivo, porque, dijo, era muy importante investigar lo sucedido con la citada arrendadora. Además, pidió no caer en los mismos patrones.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Karol Jared González Márquez y María del Pilar Gómez Enríquez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.

Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa, esencial para proteger los derechos de las personas y resolver sus disputas, fortaleciéndose con ello los principios de igualdad, proporcionalidad, decisión, economía, previa audiencia, publicidad, oficiosidad, verdad material, eficacia, oportunidad y congruencia.

Al hacer uso de la voz, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván indicó que la justicia administrativa es una de las materias más importantes de la ciencia jurídica por comprender los instrumentos jurídicos para la defensa de los derechos y de los intereses legítimos de los particulares frente a la conducta administrativa de los órganos públicos.

Por lo anterior, el congresista precisó que se busca que los medios de apremio se apliquen de manera indistinta y no progresiva por parte de las autoridades, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, ello con el propósito de dotar de mayor eficacia y efectividad al cumplimiento de las resoluciones, al igual que en caso de que el acto administrativo no contiene la mención de los medios de defensa, ni la autoridad ante la cual deba interponerse, ni el plazo para ello, se contará con el doble de plazo que establezcan las disposiciones legales o reglamentarias para interponer el recurso o el proceso administrativo.

Asimismo, el legislador refirió que las modificaciones también contemplan que los procedimientos administrativos se resuelvan en un plazo máximo de dos años, lo cual permite un resolución pronta y justa para el gobernado; se incluye que el recurso de reclamación podrá ser promovido por cualquiera de las partes, mientras que el recurso de reclamación podrá ser promovido por cualquiera de las partes, con excepción del supuesto previsto de manera exclusiva para las autoridades. Respecto de las sentencias emitidas en la vía sumaria no procederá dicho recurso.

Espadas Galván dijo que el cumplimiento sustituto de una sentencia podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el magistrado que hubiera emitido la sentencia, cuando por las circunstancias materiales del caso sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al proceso.

Finalmente, remarcó que la iniciativa tiene un alto impacto social en la vida de los justiciables ya que les garantiza el acceso igualitario a la justicia, lo cual es esencial para proteger los derechos de las personas y resolver sus disputas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.

Guanajuato, Gto. – El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo  para exhortar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que den a conocer a la opinión pública, de manera detallada y accesible para toda la ciudadanía, la información relativa a la fundamentación jurídica, técnica y administrativa que sustenta la cancelación de los procesos de adquisición y distribución de medicamentos.

De igual manera, informen el detalle de los casos, denuncias o investigaciones en curso constitutivos de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas en torno a la compra y almacenamiento, e impulsen estrategias para garantizar el abasto oportuno, suficiente y seguro de medicamentos, especialmente aquellos vinculados a tratamientos de alta prioridad en términos de salud pública, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional y las medidas preventivas frente al desabasto.

También a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a garantizar la disponibilidad de material quirúrgico y medicamentos indispensables para la realización oportuna de los procedimientos médicos y quirúrgicos, así como a atender de manera urgente las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de las y los usuarios.

Al hacer uso de la tribuna para presentar las consideraciones de la propuesta, la diputada María del Pilar Gómez Enríquez refirió que se han identificado suspensiones de cirugías programadas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad debido a la falta de insumos médicos básicos, acompañado a que el pasado viernes se dio a conocer un incidente especialmente preocupante: en una clínica del IMSS ubicada en la ciudad de León, se reportaron brotes de aguas negras y colapsos en tuberías y drenajes.

En ese sentido, subrayó que los recientes acontecimientos en el sector salud demandan una respuesta inmediata y contundente por parte de todos los actores involucrados, ya que, dijo, que se ha observado en semanas recientes escasez de insumos médicos, suspensión de cirugías, fallas en la infraestructura hospitalaria, que son señales que llaman a actuar con responsabilidad y sentido de urgencia.

La legisladora externó que preocupa que los problemas de abasto y mantenimiento pongan en riesgo tratamientos y diagnósticos, y que es necesario asegurarse de que los recursos públicos asignados al sector salud se utilicen con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo. Añadió que, es urgente repensar las estrategias de adquisición, mantenimiento y distribución de insumos médicos, así como garantizar que la infraestructura hospitalaria reciba la atención que merece para ofrecer servicios dignos y seguros.

Finalmente, resaltó que la salud de las y los mexicanos es un derecho fundamental que no admite dilaciones ni esfuerzos aislados, y que su protección y garantía demandan acciones continuas, sostenidas y profundamente coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

Guanajuato, Gto. –  Con el objetivo de establecer directrices claras sobre el uso de dispositivos de telefonía celular dentro de las instituciones educativas, especialmente dentro del horario escolar, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comentó que el acceso generalizado a dispositivos de telefonía celular en la población infantil y adolescente ha derivado en una serie de desafíos para el sector educativo, especialmente en lo concerniente a su uso durante los horarios de clase.

Apuntó que la incorporación de dispositivos electrónicos en el entorno educativo, si bien puede representar un recurso didáctico innovador y una herramienta de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, también implica una serie de riesgos inherentes que deben ser analizados con rigor y abordados mediante estrategias normativas y pedagógicas adecuadas.

Asimismo, resaltó que la hiperconectividad generada por el acceso constante a redes sociales, plataformas de entretenimiento y aplicaciones de mensajería instantánea disminuye la capacidad de atención sostenida y propicia un entorno en el que la fragmentación del pensamiento se ve exacerbada, afectando directamente el rendimiento académico.

También mencionó los riesgos a los que se enfrentan como el contenido inapropiado, el materia violento, sexualmente explícito o ideológicamente sesgado, sin los filtros adecuados que garanticen un uso responsable y seguro de la información digital. Además, de que el entorno digital en el que se desenvuelven los estudiantes favorece la proliferación de fenómenos como el ciberacoso.

Zanella Huerta señaló que era imperativo que las instituciones educativas, en conjunto con las autoridades competentes, establezcan directrices claras y normativas específicas que regulen el uso de dispositivos electrónicos en los espacios de enseñanza, priorizando siempre la seguridad, el bienestar y el derecho a la educación de las y los estudiantes.

El congresista manifestó que la regulación del uso de teléfonos celulares en escuelas no solo es necesaria, sino que constituye una obligación legal del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Entre las propuestas se plantea que la Secretaría de Educación tenga como atribución establecer protocolos para la regulación del uso de dispositivos de telefonía celular y tecnologías de la información dentro de los espacios educativos, con el fin de garantizar que su uso no interfiera con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En lo que toca a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado se pretende que las autoridades como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia, dar cumplimiento a los protocolos de control y regulación para el uso de dispositivos de telefonía celular dentro de los centros escolares; entre otras cosas.

La parte correspondiente a la Ley de Educación se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura; mientras que lo relativo a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado se remitió a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

Irapuato, Gto.— Como parte de la estrategia de vinculación directa con el sector empresarial, la actual administración estatal ha logrado insertar laboralmente a 14mil 180 guanajuatenses a través de su red de Oficinas Regionales de Empleo.  

Esta acción se alinea con la política económica de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuyo eje es acercar oportunidades laborales mediante servicios de atención especializada, impulsando así la prosperidad en la entidad.  

La Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que estos resultados son fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, enfocado en crear oportunidades de empleo de calidad para la población.  

Cobertura y servicios  

Las oficinas que dan atención a todo el territorio guanajuatense —ubicadas en Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya, León, San José Iturbide y Valle de Santiago — ofrecen, vinculación ágil, directa y gratuita entre buscadores de empleo y empresas, diagnóstico de las necesidades de capital humano del sector productivo y acceso a vacantes de empresas locales y de nueva instalación en el estado.

Además, estos espacios facilitan talleres de formación para fortalecer las habilidades de la fuerza laboral, potenciando la competitividad regional.

El Gobierno de la Gente reitera su compromiso de garantizar que la población sea la principal beneficiaria del desarrollo industrial, mediante módulos de atención con cobertura en todo el territorio estatal.

Plataforma Coneecta

Además de los servicios presenciales, Gobierno de la Gente, pone a disposición de los buscadores de empleo la plataforma digital Coneecta Guanajuato, que ofrece más de 16 mil 300 oportunidades laborales en colaboración con 2 mil empresas, facilitando y optimizando los procesos de reclutamiento y selección en el estado.

Las vacantes están disponibles en https://coneecta.guanajuato.gob.mx/, en la cual los interesados pueden crear un perfil de forma rápida y sencilla para acceder a los beneficios del sistema.

Esta plataforma es una solución integral que reduce la brecha entre las necesidades de las empresas y las habilidades de los trabajadores. Mediante un sistema inteligente, los usuarios encuentran vacantes alineadas con sus competencias, incrementando sus posibilidades de obtener un empleo.