Guanajuato, Gto. –  En sesión ordinaria, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones y en relación con el proyecto de la NOM-253-SSA1-2024, considere opciones para atender las observaciones y preocupaciones que han sido compartidas respecto al cumplimiento de los cambios propuestos a la referida regulación.

Lo anterior, en virtud de las capacidades técnicas existentes y del impacto económico que implicaría la implementación obligatoria de pruebas de Detección de Ácidos Nucleicos (NAT) y la modernización de infraestructura, cuyos costos podrían afectar la viabilidad de instituciones que prestan estos servicios; en particular, aquellas de pequeña y mediana escala, que no cuentan con capacidad para asumirlos sin apoyo gubernamental.

De igual manera, al titular de la Secretaría de Salud Federal para que instrumente incentivos para la modernización de equipos y programas de capacitación permanente del personal, a efecto de garantizar la transición normativa, a fin de prevenir el cierre de operaciones de bancos de sangre y establecimientos privados dedicados al manejo de sangre humana y sus componentes terapéuticos, garantizando así el abasto oportuno de estos servicios vitales, particularmente en zonas vulnerables.

Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Ana María Esquivel Arrona comentó que la incorporación de nuevas pruebas técnicas responde al legítimo objetivo de proteger a donantes y receptores frente a enfermedades transmisibles por vía sanguínea.

Sin embargo, dijo, se debe reflexionar sobre los efectos colaterales que una implementación de esa naturaleza podría generar si no se acompañan por medidas adicionales, especialmente para los bancos de sangre que no tienen la capacidad de adaptación a las nuevas regulaciones.

La congresista compartió que ante la obligatoriedad de la NOM-253-SSA1-2024, las empresas del sector deberán contar con equipos complejos, instalaciones con estrictos niveles de bioseguridad y personal especializado en biología molecular con capacitación continua.

En ese sentido, refirió que tendrá un impacto significativo en el sistema de salud, pues se debe exigir la realización de un diagnóstico integral que identifique con precisión las capacidades reales de los bancos de sangre en el país, considerando variables como: el nivel de equipamiento, condiciones de bioseguridad, disponibilidad de personal especializado, fuentes de financiamiento y la distribución geográfica de la infraestructura operativa existente.

Esquivel Arrona manifestó que es indispensable diseñar e implementar políticas públicas específicas, como esquemas de apoyo financiero, incentivos para la modernización tecnológica y programas de capacitación permanente, que faciliten la transición normativa de manera sostenible.

“Solo así será posible asegurar que los objetivos sanitarios de la norma se cumplan sin comprometer la operación y permanencia de los establecimientos que brindan este servicio esencial, en particular aquellos ubicados en comunidades con limitada oferta médica”, finalizó la congresista.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

Guanajuato, Gto.- Para construir un Guanajuato más limpio, sustentable y responsable con el medio ambiente, el GPPAN y la RPPRD, presentaron una iniciativa de reforma, con la finalidad de impulsar el uso de materiales reciclados provenientes de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en las obras públicas.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada Marisa Ortiz Mantilla expuso que la industria de la construcción es una de las principales responsables de la sobreexplotación de recursos naturales en el mundo, pues de acuerdo con el Worldwatch Institute, hasta el 60% de los materiales extraídos de la Tierra se destinan a la construcción y esta actividad genera aproximadamente la mitad de las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

En este contexto, la legisladora destacó que la iniciativa se basa en tres principales objetivos que son: valorizar los residuos para aprovecharlos, prevenir desde el diseño de la construcción el uso de productos contaminantes o de difícil degradación, y promover la responsabilidad ambiental contractual para que los criterios de sustentabilidad no sean “decorativos”.

Especificó que con este propuesta se busca reformar la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de que en los procedimientos de contratación pública de obra se incorporen requisitos ambientales para el uso de tecnologías sostenibles que valoricen y aprovechen residuos de construcción y demolición.

“Trasformar este pasivo ambiental es una oportunidad de innovación, de generar empleo verde, de apostar a la eficiencia en la obra pública y en el liderazgo ambiental, por eso, los invito a apoyar esta propuesta con la reflexión de que cada ladrillo mal gestionado es un metro de suelo contaminado en Guanajuato. Esta es una tarea compartida y urgente, que requiere visión ambiental y de desarrollo urbano, así como de un trabajo articulado con el sector de la construcción”, agregó.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.  

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las y los guanajuatenses durante sus traslados diarios, las diputadas y los diputados del PAN y PRD, presentaron una iniciativa para castigar con mayor severidad el robo cometido en transporte público, taxis, terminales y vehículos particulares o de aplicación.

En su intervención en tribuna, el diputado Aldo Márquez, explicó que la iniciativa pretende reformar el Código Penal del Estado, a fin de tipificar como robo calificado aquellos delitos que se cometan cuando la víctima o el objeto del robo se encuentren dentro de un vehículo, ya sea de transporte público, particular, taxi o aplicación, así como en terminales o paradas del servicio.

Además de sancionar con mayor rigor la tentativa de robo y los casos en los que delincuentes rompen cristales de automóviles para sustraer pertenencias.

Al respecto, el legislador señaló que la medida responde a la creciente incidencia de este tipo de delitos en el estado, los cuales no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que vulneran gravemente su tranquilidad y seguridad.

“La ley debe ponerse del lado de quienes madrugan, de quienes vuelven tarde, de quienes recorren largas distancias para cumplir su deber. La justicia comienza en lo cotidiano, y eso incluye necesariamente proteger el patrimonio de quienes todos los días sostienen con su esfuerzo a este país”, subrayó.

Aldo Márquez subrayó que, aunque el robo de objetos como celulares, carteras o documentos pueda parecer menor, en realidad representa un golpe a la estabilidad emocional y a la confianza en los espacios públicos.

“No se trata solo de lo material, se trata del teléfono con el que una madre se comunica con sus hijos, de la credencial de un estudiante, de los papeles para un trámite urgente. A todas y todos los guanajuatenses, les decimos desde este Poder Legislativo que cada día trabajamos con convicción para que ustedes y sus familias vivan con mayor seguridad, con tranquilidad y con el compromiso de construir un mejor Guanajuato”, acentuó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Guanajuato, Gto. –  El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

La iniciativa contempla establecer en la Constitución local que se garantiza el derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y promueve la paridad de género. Además, de fijar que, las autoridades adoptarán las medidas, para erradicar la brecha salarial.

También busca precisar que, toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad; y entre los fines de la seguridad pública se contempla el garantizar los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños de conformidad con la Constitución Federal.

De igual manera, considera establecer que las funciones de procuración de justicia se realizarán con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, así como con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos; y que la Fiscalía General del Estado contará con la fiscalía especializada de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Noemí Márquez Márquez  precisó que, las mujeres son mayoría en México, ya que el porcentaje de mujeres es de 52.4% en comparación con los hombres que es de 47.6%; y que hay más mujeres en edad de trabajar que hombres; sin embargo, cuando las mujeres logran insertarse al mercado laboral, lo hacen en mayor medida en la informalidad, la cual paga menores salarios y aún más para las mujeres.

Agregó que a ello se suman las labores domésticas no remuneradas como un factor que obstaculiza la entrada de las mujeres al mercado laboral, al precisa que las mujeres dedican 41 horas al trabajo en tareas del hogar y cuidados a la semana, mientras que los hombres solo 19 horas.

“El incorporar a las mujeres al sector de empleo formal es primordial y también garantizar que se sientan seguras en el traslado al trabajo. Es preciso tener políticas públicas que busquen cerrar la brecha a razón de género en la generación de empleos formales y no solo que se busque registrar mayores empleos, pues por cada 100 hombres registrados en un puesto de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay 68 mujeres”, enfatizó Márquez Márquez.

Dijo que las mujeres que participan en el mercado laboral tienden a enfrentar condiciones laborables desfavorables, tales como altas tasas de informalidad, lo cual implica que como trabajadoras no tienen certidumbre jurídica, carecen de acceso a los servicios de salud y no cuentan con prestaciones laborales.

También habló de las brechas de género en los puestos de liderazgo, donde las mujeres se ven subrepresentadas conforme se va escalando, y que esa baja representación se traduce en menores ingresos para las mujeres que trabajan en las Secretarías de Estado.

En cuanto a la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, argumentó que es parte de la armonización con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar mayor claridad a los servidores públicos y en general, a todas las personas, de que es una herramienta para materializar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

“La presente iniciativa es la respuesta a la desigualdad y discriminación que históricamente han vivido las mujeres, niñas y adolescentes; así como la protección más amplia respecto de sus derechos humanos, para garantizarles una vida libre de violencias, donde sea una realidad la igualdad sustantiva, y no quedarnos socialmente solo con la igualdad formal”, finalizó la legisladora.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.