MÉXICO, D.F.- El Sistema Nacional de Anticorrupción busca coordinar y homologar las acciones políticas en los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción.
Dicho proyecto incluye la Reforma a 14 artículos constitucionales. Al respecto la Diputada Federal Yulma Rocha Aguilar comentó que seguirá trabajando en los temas de transparencia y en consecuencia en las leyes generales que hagan realidad la implementación del Sistema Nacional de Anticorrupción, así como la adecuación del marco jurídico penal, y de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal.
Entre las principales características de este Sistema, la Diputada Yulma Rocha destacó que a fin de garantizar imparcialidad en el trabajo del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), este será propuesto por el ejecutivo, pero deberá ser ratificado por el Senado; también que el plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves se ampliará de 3 a 7 años, comentó también que la Auditoria Superior de la federación (ASF) tendrá más facultades, como las de realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a Estados y Municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados aún y cuando sean de ejercicios anteriores.
Con el Sistema Nacional de Anticorrupción se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal que estará integrado por los titulares de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), de la fiscalía contra el combate a la corrupción, la Secretaria del Ejecutivo Federal responsable del control interno, del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, cuyas facultades serán diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los generen.
La diputada priista comentó que “Mediante este proyecto se busca generar un esquema preventivo, que evite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos y el abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entornos donde hayan sido observadas prácticas de corrupción”, concluyó.