Guanajuato, Gto. – El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para crear la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Guanajuato, que plantea un nuevo esquema de organización de la defensoría pública en la entidad.
La diputada Jéssica Cabal Ceballos manifestó que el derecho de toda persona a tener acceso a la justicia está plenamente respaldado en la Constitución y que era muy importante fortalecer el estado de derecho y brindar a la sociedad una mayor certeza respecto a la aplicación de la ley.
“Creemos necesario fortalecer a la defensoría como una de las principales instituciones que hacen posible esta certeza, a través de una ley que sistematice y estandarice los procedimientos y el trabajo de las diversas áreas que actualmente se encargan de esta importante labor para orientar y representar a las personas que no tienen a un abogado particular”, apuntó Cabal Ceballos.
La legisladora señaló que entre las principales modificaciones que plantea esta nueva ley, es que se contará con una sola norma para regular los servicios de representación jurídica gratuita, lo que implicaría la abrogación de las actuales leyes de defensoría en material civil y penal.
Agregó que se ampliarían los alcances de la defensoría jurídica a la materia administrativa, al ser una petición de ciudadanos y servidores públicos. “De este modo, integraremos y sistematizaremos la normatividad que regula las actividades de la defensoría den materia civil, familiar, para adolescentes, penal y administrativa”, puntualizó la congresista.
Cabal Ceballos manifestó que todas estarían a cargo del Órgano Especializado de Defensoría, que gozará de independencia técnica y estará encargado de aplicar las disposiciones previstas en la nueva normativa.
También dijo que se plantea que los defensores públicos cuenten con las garantías de admitir y ejercer en forma libre, sin presión, coacción o intimidación de ningún tipo, la defensa legal de cualquier persona que lo solicite, además de realizar la defensa técnica y científica, sin limitaciones, restricciones o abusos que afecten sus derechos o los de las personas que defienden.
La legisladora agregó que se prevé la prohibición de que los defensores públicos ejerzan la abogacía en asuntos ajenos a dicha función, asistan a quien tenga designado defensor particular, coadyuven con algún abogado particular, reciban dádivas y realicen negociaciones o desistan de la acción sin el consentimiento por escrito de sus defendidos.
Finalmente, la congresista apuntó que se fortalecerá el servicio civil de carrera y se establecerá un plazo de 180 días para que se emitan las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para que este nuevo esquema de organización de la defensoría pública esté en pleno funcionamiento lo antes posible.
“De este modo, en Guanajuato daremos un paso muy importante para perfeccionar el sistema de justicia, respaldando a los defensores públicos, garantizándoles una defensa adecuada a quienes recurran a ellos y un proceso apegado a derecho a todos los ciudadanos, porque la certeza en la aplicación de la ley fortalece a todo el estado, empezado por los integrantes más vulnerables de la sociedad”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.