Guanajuato, Gto.- Diputados del Congreso del Estado realizaron la mesa de trabajo con los funcionarios estatales que integran el eje Seguridad, Paz Social y Gobierno Humano y Eficaz, lo anterior como parte del análisis del primer informe de gobierno del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
En el tema de seguridad, los legisladores realizaron preguntas relativas a los resultados del operativo en Santa Rosa de Lima, intervención de las corporaciones federales, acciones concretas para fortalecer la seguridad en Guanajuato así como pidieron detallar acciones de lo que hasta el momento se ha realizado para disminuir los índices delictivos.
Dicho eje está integrado por: Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno; Marco Antonio Sánchez Aparicio, secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública; Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración; Marisol de Lourdes Ruenes Torres, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez, director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato; y Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado de Guanajuato.
En una primera ronda de preguntas, las diputadas y los diputados formularon cuestionamientos sobre las medidas que aplican para tener buenas calificaciones en materia de austeridad y rendición de cuentas, el nivel crediticio de la entidad, cuantas obras se han realizado en diversos municipios y el número de personas beneficiadas, las acciones que han llevado a cabo para incorporar a los adolescentes que han cometido algún delito a programas educativos y de alfabetización, las medidas y acciones para la reinserción social y prevención de la incidencia delictiva.
Además de los aspectos en los que han fallado en materia de prevención del delito, las acciones para eficientar las investigaciones de delitos desaparición forzada de personas y los casos de tortura, el número de investigaciones concluidas que fueron archivadas y judicializadas, los criterios que construyeron para posicionarse en los primeros lugares de índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018.
Respecto a los robos a casa habitación y negocios, se formularon preguntas sobre en cuantas indagatorias se obtuvieron sentencias condenatorias y se reparó el daño causado, las cifras de delitos no denunciados, el porcentaje de carpetas que se archivaron de manera temporal o definitiva.
Por otra parte, cuestionaron el incremento de asesinatos de mujeres en la región, la capacitación a elementos de seguridad en materia de perspectiva de género y por abuso de autoridad; así como la presencia del Gobernador en las mesas de trabajo con autoridades federales en materia de seguridad.
También, pidieron información sobre los municipios que han sido beneficiados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de los recursos señalados qué cantidad se ha destinado al tema de prevención social de la violencia y la delincuencia; las adicciones que se tratan con mayor frecuencia y si existe un protocolo para atenderlas. Además, preguntaron sobre los talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres, si son impartidos también para hombres agresores; y sobre los operativos que realizan los inspectores del Instituto de Movilidad, el fundamento legal que usan para detener a conductores.
De igual manera, cuestionaron las acciones para disminuir los índices de impunidad, cuántas investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción han sido judicializadas y cuántas tienen orden de aprehensión, número de carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y de lesiones dolosas; así como el porcentaje de servidores públicos que se encuentran certificados en materia de evaluaciones del centro de control y confianza, si se da seguimiento a los elementos que son dados de baja por la aplicación de dicha evaluación.
Además, pidieron conocer las estrategias concretas de seguridad que ha anunciado el Gobernador; las acciones para evitar que el programa tenencia de la tierra sea utilizado de manera inadecuada; los datos estadísticos de la disminución en la reincidencia de la violencia en contra de las mujeres y la violencia familiar; y las metas concretas en las estrategias de seguridad y los plazos en los que se verán reflejados los resultados para reducir los indicadores de violencia.
Sobre el Mando Único se cuestionaron los criterios para diferenciar la implementación del mismo en algunos municipios, la estrategia que utilizarán para el cambio a corto y mediano plazo.
Respecto al grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, cuestionaron el número de personas detenidas o de denuncias que se iniciaron y cuál fue su resultado; el número de sentencias que se desprenden de la recuperación de vehículos; las sentencias condenatorias de homicidios y feminicidios en la entidad; y si se considera adecuado el número de agencias del Ministerio Público para combatir la impunidad.
También, formularon preguntas sobre la creación de nuevos espacios de seguridad, en qué municipios se realizaron y la inversión de los mismos; en qué consiste la actualización de las herramientas tecnológicas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; cómo se integró el Padrón Estatal de Beneficiaros; el impacto del programa de prevención social de la violencia y la delincuencia 2014-2018 y qué programas se llevan a cabo dentro de las escuelas y cuál ha sido su resultado; número de investigaciones pendientes y por qué no se han resuelto; así como el rendimiento que fortalece el sistema de pensiones del ISSEG;
De igual manera, cuestionaron si existe sobre población en los 10 Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social del Estado y la ocupación actual de los mismos; los beneficios que tienen los usuarios de los servicios de la Procuraduría con las certificaciones en materia de laboratorios de lofoscopía e informática forense; y los montos de la infraestructura y equipo para las instituciones de Seguridad Pública; si existe algún protocolo de atención para los hijos menores de madres en estado de internación y si todos los Centros de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato cuentan con estancias infantiles.
En la ronda de respuestas, los funcionarios estatales expusieron las medidas de austeridad y racionalidad que, entre otras cosas, han llevado a Guanajuato a ocupar el segundo lugar a nivel nacional en el semáforo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un endeudamiento sostenible, además de contar con un desempeño financiero sólido.
Asimismo, mencionaron que se realizó la construcción de palapas, canchas y la rehabilitación integral de varios inmuebles de la Casa del Jubilado en varios municipios, con lo cual se benefician 3 192 personas. Además, se señaló que el ISSEG obtuvo 1 956 millones de pesos de rendimiento como producto de sus inversiones.
Igualmente, se comentó que existe un programa para impartir entre los niños más pequeños de las escuelas, a fin de inculcar valores como la honestidad y la justicia a través de actividades, personajes ficticios e incentivos para ellos.
Respecto a la integración del Consejo Estatal de Seguridad, se indicó que se han reunido con todos los presidentes municipales, lo cual ha llevado a fomentar la responsabilidad por la seguridad, además de que se han firmado convenios con los municipios en materia del fondo estatal.
Los funcionarios agregaron que la inversión para el equipamiento de tecnología e informática para la defensoría pública penal fue de $5 115 793. Asimismo, se firmaron 41 convenios de colaboración administrativa con municipios para integrar las comisiones municipales de regulación de asentamientos humanos y predios rústicos.
Asimismo, señalaron que se esclarecieron al 100 por ciento los feminicidios que se registraron en la entidad, 29 han sido judicializados y 2 han sido archivados por muerte del inculpado, obteniéndose 2 sentencias en los casos del 2018. Respecto a los homicidios dolosos, se señaló que se han registrado 282 sentencias.
En una segunda ronda de preguntas, las y los legisladores cuestionaron respecto a la determinación que se tomó en relación con el contrato de infraestructura y software del programa ESCUDO y con base en qué se tomó esa decisión; cuántas sentencias absolutorias obtuvo la defensoría de oficio en materia penal en 2018; y cuántas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General en materia de corrupción de funcionarios públicos.
De igual manera, se cuestionó sobre la opinión que se tiene respecto a la percepción negativa que se tiene de la estrategia de seguridad en el estado; cuántos homicidios dolosos se han judicializado hasta la sentencia condenatoria y cuántos hasta sentencia absolutoria; y qué estrategias efectivas se tienen para la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía.
Asimismo, se preguntó si la entrega de souvenirs contribuyó en la disminución del índice delictivo; sí el Programa ESCUDO fue motivo de la detención de personas en la comisión de un delito; y en qué ha mejorado el programa “Actuar es prevenir” en la prevención del delito.
Finalmente, se solicitó información sobre la medición para determinar que los adolescentes en conflicto con la ley pueden ser reinsertados en la sociedad y qué acciones se han planteado para que este número de jóvenes sea mayor.
En una segunda intervención, los funcionarios estatales señalaron que los juicios laborales se resuelven en 4 meses, aunque hay un porcentaje que es en 20 meses, lo cual se justifica por las estrategias de las partes en el juicio. Asimismo, mencionaron que las sentencias absolutorias en materia penal fueron 37 mil 122 defensas de las cuales se obtuvieron 25 mil 552 resoluciones favorables a los intereses de las personas defendidas. Además, refirieron que la actual administración trabaja en la creación de la Policía Rural, tiene presupuesto asignado y se está capacitando alrededor de 350 elementos para este fin, los cuales serán presentados a principios del mes de abril.
De igual forma, se brindó información sobre el número de elementos de seguridad pública del estado, el cual es variable, aunque no menor a 110. También precisaron que Guanajuato no es el primer lugar en el índice de homicidios dolosos y que el 80 por ciento de los mismos tienen que ver por pugna entre bandas y la venta ilegal de armas de uso exclusivo del ejército.
Respecto al robo de hidrocarburo, se señaló que el 96 por ciento de las detenciones que se hicieron encontraron una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, lo cual han provocado un incremento.
Por otra parte, se informó que en el 80 por ciento de la clasificación de los delitos de alto impacto Guanajuato está por debajo de la media nacional. También, se mencionó que se registró un decremento en el número de jóvenes en conflicto con la ley.
Finalmente, refirieron que de mil 418 sentencias condenatorias, mil 226 fueron por juicio abreviado, de las judicializadas por homicidios dolosos fueron 282 sentencias, las cuales son solamente 46 absolutorias, 160 por procedimiento abreviados, condenatorias y 76 a través de juicio.
Finalmente, el diputado J. Jesús Oviedo agradeció la información proporcionada por parte de los funcionarios estatales y detalló que en el transcurso del día se atendieron 25 chats y se tuvieron 24 mil 143 interacciones a través de las diferentes plataformas digitales del Congreso del Estado.
En la mesa de trabajo participaron las diputadas María Magdalena Rosales Cruz, Alejandra Gutiérrez Campos, Celeste Gómez Fragoso, Ma. Guadalupe Guerrero Moreno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, María de Jesús Eunices Reveles Conejo, Vanessa Sánchez Cordero, Noemí Márquez Márquez , Martha Isabel Delgado Zárate, Laura Cristina Márquez Alcalá, Lorena del Carmen Alfaro García, Emma Tovar Tapia, Jéssica Cabal Ceballos, Claudia Silva Campos y Katya Cristina Soto Escamilla; así como los diputados J. Jesús Oviedo Herrera, José Huerta Aboytes, Miguel Ángel Salim Alle, Héctor Hugo Varela Flores, Armando Rangel Hernández, Juan Elías Chávez, Juan Antonio Acosta Cano, Paulo Bañuelos Rosales, Germán Cervantes Vega, Víctor Manuel Zanella Huerta, Israel Cabrera Barrón, Luis Antonio Magdaleno Gordillo, J. Guadalupe Vera Hernández, Jaime Hernández Centeno, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Israel Cabrera Barrón, Isidoro Bazaldúa Lugo y Raúl Márquez Albo.
Cabe mencionar que este miércoles 20 de marzo se analizarán los ejes: Desarrollo Humano y Social (de las 10 a.m. a las 2 p.m.) y Educación y Calidad (de las 4 p.m. a las 8 p.m.)