Guanajuato, Gto. “El objetivo es garantizar la protección de los derechos humanos de los guanajuatenses, y actualizar y fortalecer las instituciones civiles como son: familia, patria potestad, divorcio, registro de nacimientos y alimentos para adultos mayores”, dijo la Diputada Jéssica Cabal Ceballos.
Esto, al hacer referencia al dictamen que reforma el Código Civil del Estado en materia de patria potestad, divorcio, derecho de identidad y derecho a alimentos para adultos mayores.
Precisó que se propone realizar cambios en materia de patria potestad con el objeto de establecer la posibilidad de quien pierda la patria potestad por incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, que pueda recuperarla, siempre y cuando acredite que ha cumplido por un año y cumpla con la garantía de su oportuno cumplimiento.
Los padres podrán recuperar la patria potestad cuando cumplan con sus obligaciones de dar alimentos, “lo cual se encuentra en consonancia con el principio fundamental de interés superior del niña, niño y adolescente, lo que exige adoptar un enfoque basado precisamente en este derecho primordial de la infancia, a vivir en familia, al ser la patria potestad un derecho elemental superior de las niñas, los niños y los adolescentes, y la pérdida de ésta un perjuicio a su persona”, dijo.
Al referirse al tema de divorcio por mutuo consentimiento, señaló que se estipula que debe dar respeto pleno al libre desarrollo de la personalidad y diseñarse instituciones que faciliten la persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada persona elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida.
Las reformas también contemplan el derecho a una identidad y patrimonio cultural de una persona con nombre indígena, atendiendo las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.
La Diputada Jéssica Cabal citó entre las reformas, la relativa a alimentos para adultos mayores, “que abre la posibilidad de que los adultos mayores cuenten con un marco jurídico que les permita contar con mayor protección judicial los cuales son un sector vulnerable en la sociedad mexicana y en nuestro estado”.