Guanajuato, Gto.- Este día, rindió protesta ante el Pleno del Congreso, la ciudadana Ma. Consepción Díaz Macías, como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Por otra parte, la Asamblea declaró como Recinto Oficial del Congreso del Estado al Museo de los Poderes, ubicado en Guanajuato capital, a fin de llevar a cabo una Sesión Solemne el próximo 30 de julio del presente año.
Cabe mencionar que el objetivo de dicha sesión es reafirmar los lazos de amistad entre el Congreso del Estado de Guanajuato y la Asamblea de la Prefectura de Hiroshima, lo cual a su vez permitirá trabajar en conjunto para propiciar el acercamiento entre ambos en beneficio de las instituciones y, por ende, de los ciudadanos.
En otro punto del orden del día, se tunaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la solicitud formulada por el ayuntamiento de Celaya, a efecto de que se autorice a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado la reestructuración en plazo, manteniendo el monto original de la línea de crédito contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para el proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y/o la contratación de una nueva línea de crédito revolvente e irrevocable con cualquier institución acreditante del Sistema Financiero Mexicano.
Además de los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado derivados de las auditorías de desempeño practicadas a las administraciones municipales de Abasolo, Acámbaro, Doctor Mora, Jaral del Progreso, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, Tierra Blanca, Victoria y Yuriria, por el ejercicio fiscal 2018.
Asimismo, se aprobó una reforma a la Ley de Ingresos Municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas para el Ejercicio Fiscal de 2019, en apoyo a las estancias infantiles.
También, se avaló una reforma al artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a fin de ajustar el proceso de emisión de los lineamientos del Observatorio Ciudadano Legislativo.
Asuntos Generales
Servicio Civil de Carrera
En el apartado de asuntos generales el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló sobre el servicio civil de carrera. Dijo que dicho servicio era un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en la función pública con base en el mérito de cada persona, a fin de elevar los niveles de eficacia y eficiencia en los gobiernos y dar continuidad a programas y metas en beneficio de los ciudadanos.
En ese sentido, consideró importante que se transparenten los procesos de selección de las personas que formarán parte del Congreso del Estado de Guanajuato y confirmar que cuentan con la capacidad para desempeñar su puesto.
Prieto Gallardo hizo referencia a una nota periodística donde se señala que diversas plazas han sido ocupadas por personas que pertenecen a un partido político en específico, por lo que pidió que se esclareciera la situación y se abrieran las convocatorias correspondientes al servicio civil de carrera.
Padrón de comunidades autóctonas en Guanajuato
Por su parte, la diputada Claudia Silva Campos hizo referencia a las presuntas irregularidades en el padrón de comunidades autóctonas en Guanajuato, las cuales fueron evidenciadas por un medio de comunicación de circulación local. Señaló que en dicha información se exponen testimonios de personas de diversas comunidades que se encuentran en el citado padrón, de los municipios de San Luis de la Paz, Xichú, Atarjea, Victoria, Dolores Hidalgo y Villagrán, donde advierten que dichas comunidades son pobladas por campesinos mestizos y que las mimas no tienen ninguna característica de identidad cultural, de cosmovisión u organizativa que le distinga del resto de comunidades.
En este sentido, consideró que es necesaria la intervención de las secretarias de Desarrollo Social y Humano y de la Transparencia y Rendición de Cuentas, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la entidad; y por ser de competencia federal, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fin de que se revise el tema.
“Es necesario evitar la simulación, actuar con transparencia y justicia en la aplicación de cualquier programa o recurso público, debe realizarse un estudio con la metodología y la transparencia obligada, que permita excluir a quienes no son e incluir a quienes sí lo son, en el supuesto”, dijo.