Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran el GPPAN presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
Dicha propuesta plantea que las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa estatales o de la autoridad administrativa que le nieguen al ciudadano la indemnización a la que este cree tener derecho, o que le otorguen un monto que no satisfaga al interesado, podrá impugnarse mediante recurso de revisión en vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa -TJA-.
La diputada Jéssica Cabal Ceballos dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa y manifestó que la certeza jurídica era un fundamento indispensable de las instituciones democráticas y del estado de derecho, y se construían por medio de contrapesos institucionales que prevenían los casos de abuso de autoridad.
Asimismo, indicó que en la iniciativa se establecía el proceso y las facultades para llevar a cabo un recurso de revisión en caso de que las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa no satisfagan al interesado. Agregó que dicho recurso se interpondrá ante el TJA en un plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva y para ser atendido deberá incluir una expresión de agravios.
“Proponemos definir a este como un recurso de revisión, con la finalidad de generar certeza y seguridad al justiciable sobre la segunda instancia, así como homologar su trámite al vigente recurso de reclamación que rige la segunda instancia en el proceso jurisdiccional, de tal manera que exista identidad en su trámite, aunque la materia y el fondo sea diverso”, precisó Cabal Ceballos.
Finalmente, dijo que la reforma planteada era necesaria porque hasta el momento no se establecía un sistema de medios ordinarios de defensa para impugnar los acuerdos o resoluciones dictadas en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y mucho menos se remite o posibilita el recurso de reclamación, dejando en desventaja al ciudadano respeto a la decisión del juzgador.
“Con estas adiciones daremos un paso más hacia el pleno ejercicio del Estado de Derecho en condiciones de eficiencia e imparcialidad, respondiendo a una demanda ciudadana, una necesidad institucional y un deber de justicia”, concluyó la congresista.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.