Guanajuato, Gto. – El diputado y las diputadas que integran la Comisión de Justicia analizaron una iniciativa de reforma al Código Penal la cual propone que los tipos penales como homicidio calificado; homicidio en contra de servidores públicos en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia; feminicidio; violación genérica; violación de menores de edad; violación espuria y abusos sexuales no prescriban.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García indicó que la motivación para presentar la iniciativa tenía su origen en que los delitos más graves que se comenten contra los grupos más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres puedan ser castigados, independientemente del tiempo que haya pasado, para que no queden en la impunidad.
Por su parte, el representante del Poder Judicial manifestó a nivel internacional el Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma han considerado que no deben prescribir aquellas conductas que tienen relación directa con los derechos humanos.
Asimismo, dijo que a nivel nacional el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas se consideran delitos que no prescriben. En ese sentido, coincidió con el objeto de la propuesta legal y planteó que también fueran imprescriptibles las sanciones en los supuestos que contempla la iniciativa.
Al comentario de su antecesor se sumó la representante de la Fiscalía General, quien se pronunció por que se incluyan los delitos de violación calificada y homicidio en razón de parentesco. Las y los legisladores también discutieron la iniciativa de reforma que propone aumentar las penas para los delitos de violación, violación espuria y abusos sexuales.
El diputado Isidoro Bazaldúa Lugo precisó que la propuesta tenía como finalidad dar mayor certeza y garantía jurídica a las personas que han sido víctimas de esos delitos. Agregó que lo que buscaban con la propuesta era, además de inhibir al agresor, que el marco jurídico proteja a la víctima y que éstas se sientan más seguras al denunciar a sus agresores teniendo la certeza de que recibirán una sanción mayor a la establecida actualmente y que las víctimas no tengan miedo al saber que él o la responsable del delito no saldrá pronto de su proceso de reinserción.
Al respecto, el representante del Poder Judicial apuntó que en general se había venido privilegiado en el tipo penal el aumento de las penas, siendo esto una estrategia fallida para la prevención e inhibición de los delitos.
Subrayó que el aumento de las penas no previene la criminalidad y resultaba innecesario. Además, enfatizó que con esta propuesta se trasgredían los principios de proporcionalidad de la ley, ya que un abuso sexual estaría por encima de la privación de la vida.
En el mismo sentido se manifestaron los demás participantes de la mesa, por lo que la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que dada la coincidencia de los asistentes y que la propuesta no cumpliría con el objetivo de disuadir los delitos, solicitó se elaborara un documento de trabajo con formato de dictamen para que fuera estudiado en una mesa de asesores.
En los trabajos del día también se acordó invitar a representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General, de la Coordinación General Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Instituto de la Mujeres Guanajuatenses y del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, a participar el próximo 3 de marzo en una reunión donde se analizará la iniciativa de reforma al Código Penal que pretende incorporar el delito de discriminación.
De igual manera, el Poder Judicial será convocado para la misma fecha, a fin de discutir la propuesta de modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de recusaciones y excusas en juicios familiares de oralidad.
En los trabajos del día estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá -presidenta-, Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos y Jéssica Cabal Ceballos; así como el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Además, los acompañaron la diputada Lorena del Carmen Alfaro García y el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo.
También participaron representantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Coordinación General Jurídica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Mujer Guanajuatense.