Guanajuato, Gto. Convocadas por la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo en los siguientes temas:
paridad en la titularidad en las áreas administrativas del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior; licencias de los titulares de los órganos internos de control; incluir el derecho a la paz y establecer la obligación del Poder Ejecutivo de poner a disposición del público el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública estatal.
Paridad de género en la titularidad en las áreas administrativas del Poder Legislativo La diputada Vanessa Sánchez Cordero señaló que la propuesta buscaba establecer la obligatoriedad de la paridad en los integrantes de las áreas administrativa del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado.
El asesor del grupo parlamentario del PRI cuestionó si tenían algún transitorio relativo a salvaguardar los derechos de quienes ya ocupan algún cargo. Por su parte, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo externó sus dudas sobre si la iniciativa requería o no una base constitucional y que se pudiera incorporar este principio en la Ley Orgánica el Poder Legislativo con los ajustes correspondientes.
Licencia de los titulares de los órganos internos de control Esta iniciativa incide en la Constitución Política local y pretende en ausencias mayores de seis meses el encargado del órgano interno de control sea nombrado bajo un procedimiento similar al titular.
La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo indicó que ante la importancia de dichos órganos planteaban reducir la propuesta que inicialmente era 6 meses a 3 meses. Los asistentes a la mesa coincidieron con la propuesta y la modificación hecha.
Incluir el derecho a la paz La diputada Ma. Carmen Vaca González, iniciante, señaló que la propuesta busca que las autoridades correspondientes tengan a bien plasmar en el artículo primero de la Constitución Política local el derecho que todos como ciudadanos tienen a vivir en un ambiente de paz, ya que afirmó que la paz no era la ausencia de la guerra o de una lucha armada, sino el orden a la vivencia del bien común El representante del Poder Judicial indicó que carecía de sustento jurídico; mientras que por parte de la Coordinación General Jurídica se afirmó que el derecho a la paz propuesto englobaba aspectos de respeto a las naciones y que se encontraba ya tutelado.
Por su parte, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo se manifestó a favor de la propuesta e indicó que como todos habían señalado era un derecho humano y no veía el por qué no podía estar plasmado en la Constitución. Finalmente, se coincidió en la no necesidad de su inclusión. Obligación del Poder Ejecutivo de poner a disposición del público el informe anual de labores.
La propuesta plantea reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer la obligación del Poder Ejecutivo de poner a disposición del público el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública estatal, así como el avance de los objetivos y el cumplimiento de las metas establecidas en su programa de gobierno y que ello quede debidamente estipulado en las normativas correspondientes.
Los participantes dialogaron sobre lo que ya se encuentra regulado en la ley y señalaron que ya está contemplado que se publique y la población puede acceder al mismo.
En las mesas de trabajo participaron las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo. Vanessa Sánchez Cordero, Laura Cristina Márquez Alcalá y Ma. Carmen Vaca González; así como los diputados Raúl Humberto Márquez Albo y J. Guadalupe Vera Hernández.
Además, asistieron representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Coordinación General Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Instituto de Acceso a la Información Pública y asesores de los grupos parlamentarios del PAN, Morena, PVEM y PRI.