Guanajuato, Gto. – En una tercera mesa de trabajo, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa -TJA-.
La diputada Jéssica Cabal Ceballos manifestó que la propuesta iba encaminada a atender los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en relación con una reparación integral del daño patrimonial ocasionado por el Estado hacia algún particular.
En ese sentido, indicó que proponían que las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Cabal Ceballos señaló que coincidían con la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal en que el establecimiento de un recurso jurisdiccional frente a las decisiones de autoridad, tomadas respecto a las indemnizaciones por actuación irregular del Estado, redundaba en una mejor protección de los derechos humanos de las personas.
Además, dijo, abonaba al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales se derivaba el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La legisladora hizo una contrapropuesta en cuanto al artículo 35 bis para que se establezca que las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa o bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Con la propuesta anterior se garantiza el derecho de optar entre la autoridad administrativa y en el caso de los municipios ante los juzgados municipales, o directamente ante el tribunal de Justicia Administrativa”, apuntó Cabal Ceballos.
Por su parte, el magistrado Roberto Ávila García argumentó que estaban de acuerdo con la propuesta porque se inscribía en el propósito de adecuación de la norma a estándares internacionales; daba mayores garantías para los justiciables; restituía el sistema recursal; y era pulcra porque introducía en la ley especial los recursos aplicables, ya que la supletoriedad tenía un límite.
En su intervención, Jorge Luis Hernández, asesor del grupo parlamentario del PRI se sumó a los comentarios de su antecesor y de igual manera, indicó que estaba de acuerdo con la modificación propuesta por la congresista Jéssica Cabal Ceballos, solo pidió se revisaran los alcances de los mismos.
Britany Aguilera, asesora del grupo parlamentario de Morena, se pronunció a favor de la propuesta, pero externó que les preocupaba que el procedimiento de responsabilidad patrimonial ya representaba un acto de molestia por parte del ciudadano y otorgarle el recurso a la autoridad lo dejaba en desventaja procedimental, además de que sería dilatorio cuando podía acudir directamente al amparo.
El representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Alberto Estrella, precisó que en términos generales la opinión era a favor de la iniciativa, ya que venía a fortalecer el tema de los derechos humanos; sin embargo, pidió se considere la posibilidad de hacer una remisión normativa de la parte procesal.
A dicho comentario se sumó Federico Ruiz de la Coordinación General Jurídica, quien consideró plausible los propósitos de la iniciativa en el entendido que se orientaba a ampliar las esferas de protección para los particulares y consideró adecuado que se tratara de armonizar los medios de defensa en conjunto con el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, así como en la posibilidad de que se establezca la supletoriedad en el citado Código.
Erika Cerón, representante del Tribunal de Justicia Administrativa, también estuvo a favor de la propuesta, pero se sumó a la opinión de que ser revise el tema de dar a la autoridad la opción de interponer un recurso porque se haría un procedimiento muy largo.
Finalmente, la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo solicitó se impactaran en un documento de trabajo todas las modificaciones propuestas para ser analizado posteriormente.
En los trabajos de la mesa participaron las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo -presidenta-, Vanessa Sánchez Cordero, Laura Cristina Márquez Alcalá y Jéssica Cabal Ceballos; así como los diputados Raúl Humberto Márquez Albo, J. Guadalupe Vera Hernández y Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Además, asistieron Erika Cerón representante del Tribunal de Justicia Administrativa; Roberto Ávila García magistrado del Poder Judicial; Alberto Estrella representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Federico Ruiz representante de la Coordinación General Jurídica; así como asesores de los diferentes grupos parlamentarios.