Guanajuato, Gto.- Este día, la Comisión de Justicia analizó tres iniciativas de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y una más a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato y al Código Penal del Estado de Guanajuato.
Reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
Litis abierta
La primera iniciativa pretende adicionar el artículo 266 BIS para incorporar al procedimiento contencioso la figura de litis abierta.
Al hacer uso de la voz, Yolanda Cerón, representante del Tribunal de Justicia Administrativa se manifestó a favor de la propuesta legal; sin embargo consideró necesario que se realice la precisión de que no se puedan incluir cuestiones novedosas.
Por su parte, Federico Ruíz Chávez, representante de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, comentó que la propuesta es viable pues su objetivo es consistente con la legislación federal en la materia y brinda certeza jurídica para la ciudadanía. Asimismo, señaló que es necesario reubicar el artículo en otro título para que cuente con congruencia legal y técnica legislativa.
La diputada Jessica Cabal Ceballos cuestionó el alcance de la iniciativa sobre la jurisprudencia emitida en el 2013 respecto a la litis abierta, si la redacción de la propuesta cumple con la misma y si no es así cómo quedaría.
La legisladora Vanessa Sánchez Cordero se sumó a los cuestionamientos realizados por su homóloga y pidió saber cuál sería la mejor opción para adoptar la litis abierta, pero respetando los principios en la materia.
Al respecto, Yolanda Cerón destacó la importancia de que en la redacción de la propuesta se establezca que no implica una oportunidad de un nuevo ofrecimiento de prueba.
Por su parte, la diputada Cristina Márquez Alcalá subrayó la coincidencia en los comentarios expuestos sobre de la importancia de incorporar la figura de litis abierta, por lo que propuso que se realice una segunda mesa de trabajo para revisar una nueva redacción que limite sus alcances.
Medios de apremio
La segunda iniciativa busca generar mayor certeza jurídica al gobernado de que la sentencia administrativa, a su favor, le será cumplida con mayor agilidad, por lo que se propone incorporar medios de apremio específicos para el cumplimiento de sentencias, con multas más elevadas, cuyo rango base incremente a 100 Unidades de Medida y Actualización diaria en cuantía y elevar el tope máximo a 1000, similar al que se encuentra vigente en la Ley de Amparo.
En su intervención, Yolanda Cerón consideró importante precisar el incumplimiento de las sentencias y dotar de mayor claridad a la propuesta para evitar recursos de inconstitucionalidad. Además, externó algunas dudas sobre la sanción de la pena privativa de la libertad.
Federico Ruíz Chávez de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado coincidió con lo comentado por su antecesora y consideró que existen puntos en la exposición de motivos de la propuesta que generan confusiones, además de que la iniciativa carece de factibilidad, pues lejos de solucionar el problema hace el proceso más complicado.
La magistrada Cristina Cabrera Manrique señaló que la iniciativa sería inviable, pues genera ciertas dudas y carece de información que dicte en qué medida existe el incumplimiento de acceso a la justicia y su tutela.
En su intervención, la diputada Vanessa Sánchez Cordero solicitó información al Tribunal de Justicia Administrativa sobre el porcentaje del cumplimiento de las sentencias que emiten y el porcentaje de las medidas de apremio que han otorgado, lo anterior a fin de tener un insumo adicional y analizar la necesidad de realizar las modificaciones propuestas.
La diputada Cristina Márquez Alcalá coincidió con su homóloga sobre la solicitud de información, pues abonaría en el análisis técnico de la iniciativa. En este sentido, comentó que en una segunda mesa de trabajo se revisará la información solicitada y se tomarán los acuerdos respecto al dictamen de la propuesta.
Recursos de reclamación
Mientras que tercera propuesta legal plantea la reducción de los plazos para la resolución del recurso de reclamación que derive de asuntos promovidos en la vía sumaria.
La diputada Cristina Márquez Alcalá explicó que la iniciativa busca la homologación de los términos ajustando el nombre del Tribunal de Justicia Administrativa, establecer qué recursos de reclamación se pueden presentar en los asuntos promovidos en la vía sumaria, así como el costo al erario público por la dilación de los procesos.
El secretario de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, Eliseo se manifestó a favor de la iniciativa y expuso diversos comentarios sobre estadísticas que tiene el Tribunal respecto a la materia.
En su intervención, Federico Ruíz Chávez comentó que la propuesta legal es favorable y realizó algunos comentarios sobre la técnica legislativa y estilo en el articulado de la iniciativa.
La diputada Cristina Márquez Alcalá solicitó información al Tribunal de Justicia Administrativa respecto a las estadísticas de los recursos de reclamación y su incremento durante la pandemia. Asimismo, comentó que en una segunda mesa de trabajo se revisará dicha información y se realizarán las adecuaciones respectivas.
En las mesas de trabajo estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos, Jessica Cabal Ceballos, y el diputado Víctor Zanella Huerta; así como la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Cristina Cabrera Manrique; representantes de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; y asesores parlamentarios.
Reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y al Código Penal
La cuarta iniciativa busca modernizar la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y derogar diversos artículos del Código Penal del Estado de Guanajuato, además de refrendar las obligaciones del estado y profundizar la armonía del marco jurídico local con los planteamientos de la ley general en esta materia.
Además de crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y un Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos del Delito de Trata de Personas del Estado de Guanajuato, entre otros aspectos.
El diputado Víctor Zanella Huerta señaló que la iniciativa surge de la necesidad de combatir el delito de trata de personas, dotar de mayores herramientas jurídicas a las autoridades para proteger a las víctimas y castigar a quienes cometan dicho crimen.
El magistrado Alfonso Fragoso expuso que la derogación de los artículos propuestos podría dejar sin materia a los procesos que están en curso actualmente y que las sentencias que se han dictado deje de surtir efecto, por lo que sugirió que se analice la probable consecuencia y revisar si es conveniente la eliminación de los tipos penales.
Por su parte, Elizabeth Durán de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comentó que la iniciativa es de suma importancia y sensibilidad, pues repercute en el tejido social y la seguridad pública; sin embargo, coincidió con su antecesor en los problemas legales que traería la derogación de los artículos propuestos. De igual forma, habló sobre el trabajo que ha realizado la Fiscalía para combatir el delito de trata de personas, además de la creación de una Fiscalía Especializada para atender el tema y otros delitos relacionados.
En su intervención, Alberto Estrella de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, compartió los comentarios vertidos por sus antecesores y externó diversos comentarios sobre posibles inconsistencias en los artículos a reformar, además, consideró que es necesario realizar una mesa de trabajo con asesores para revisar el tema de la extinción de dominio.
Por su parte, Carlos Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, comentó que es importante realizar adecuaciones para evitar que los casos que atienden la trata de personas no queden sin efectos con la derogación de los artículos propuestos. Asimismo, hizo diversos comentarios sobre la necesidad de revisar la redacción de varios artículos de la propuesta, pues se podría caer en violaciones legales.
La diputada Cristina Márquez Alcalá señaló la importancia de retomar los comentarios vertidos por los asistentes, por lo que dijo, se dejaría pendiente el análisis de la derogación de los artículos al Código Penal del Estado para una reunión posterior.
En una segunda intervención, el magistrado Alfonso Fragoso y la funcionaria estatal Elizabeth Durán reiteraron la importancia de reconsiderar la derogación de los artículos al Código Penal, pues traería posibles problemas legales.
Finalmente, la diputada Cristina Márquez Alcalá agradeció la intervención de los asistentes y expuso que será en una segunda mesa de trabajo donde se analizarán a fondo los comentarios recibidos.Participaron en la reunión las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos, Jessica Cabal Ceballos, y el diputado Víctor Zanella Huerta; así como el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Alfonso Fragoso; representantes de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; y asesores parlamentarios.