Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Miguel Ángel Salim Alle manifestó que la propuesta buscaba establecer los fines que deben regir la seguridad pública en la entidad, en concordancia a lo establecido en la Constitución Política federal, con el objetivo de que los integrantes de las instituciones policiales se rijan por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
Asimismo, argumentó que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenían las bases de la seguridad pública en México, señalando que la función de la seguridad pública está a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios.
“Esta norma constitucional contempla todos los aspectos generales de la seguridad pública, pues estipula que habrá un órgano encargado de procurar justicia, que, con auxilio de la policía, investigue el delito y, en su caso, ejerza la acción penal; por otra parte, contempla que las penas a los responsables de los delitos se aplicarán por parte de uno de los poderes del Estado y que otra dependencia se encargará de prevenir, investigar y perseguir los delitos”, precisó Salim Alle.
El congresista indicó que la Constitución definía a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, de los estados y de los municipios, y que dicha función, para ser efectiva debía comprender la prevención, la investigación y la persecución de los delitos; así como la sanción de las infracciones administrativas contempladas en los reglamentos gubernativos y de policía.
También señaló que existía una gran imprecisión al momento de definir la seguridad pública, tanto en la academia, como en la normatividad, quizá también de ahí derivan las dificultades que presenta el tratamiento del tema, así como las políticas que tienen como objetivo su efectividad.
El legislador subrayó que con la propuesta permitirá sentar las bases de la seguridad pública, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, lo que se traduce en mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
Además, dijo, para establecer que la formación y el desempeño de los integrantes de las instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.