Guanajuato, Gto. Convocada por la Comisión de Salud Pública se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa para crear la Ley de Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de Guanajuato.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz expuso el origen de la propuesta. Señaló que la entidad no contaba con una ley en la materia y que era necesario contar con una para brindar una mejor atención a quienes padecen alguna condición del espectro autista.
Se refirió a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista la cual, dijo, tenía como objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con esta condición, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales.
Asimismo, indicó que consideraba que la homologación en la entidad con la ley federal permitirá darle una mejor atención a las niñas, niños, adolescentes y adultos con dicha condición, para su desarrollo en la vida diaria, garantizarles una vida con las herramientas necesarias para su bienestar social y para su desarrollo personal.
Por su parte, Daniel Cortés Rayas, representante de la Secretaría de Salud, apuntó que el trastorno del espectro autista requería de muchas terapias y veían con buenos ojos que se genere una ley, pero que habría qué pensar dónde se ubicarían los sistemas para atenderlos, el número de personas que se deberían contratar y en dar una atención integral porque era posible que en la misma familia se presenten otros trastornos relativos a la salud mental.
En su intervención, Federico Ruiz Chávez, de la Coordinación General Jurídica, manifestó que el tema ya estaba legislado y más bien se tenía que ver cómo se estaban operando las políticas públicas y si estaban cumpliendo las aristas que se estaban proponiendo en la iniciativa.
Luis Alberto Estrella, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, advirtió lo referente a la capacidad jurídica, ya que artículos análogos fueron impugnados; y precisó que más allá de lo benéfico de una normativa en ese sentido, el hecho de que no se cumplan con los parámetros establecidos como lo era la consulta generaría que fuera impugnada.
Por su parte, Ma. de la Cruz Ruiz Jaramillo del Colegio de Medicina del Estado, indicó que a diferencia de lo que se señala en la exposición de motivos, no todos los niños tienen inteligencia superior al promedio sino al contrario y que se debía cambiar el término condición por trastorno.
En su participación, José Grimaldo Colmenero, titular del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, argumentó que, si bien era cierto que la atención a las personas con espectro autista era de vital importancia, consideraban que crear una ley exprofeso debilitaría los esfuerzos ya realizados en Guanajuato en la materia, ya que con las legislaciones que existen se puede hacer una transversalidad para atender a las personas con esa condición.
Teresa Palomino Ramos de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, indicó que en caso de que se aprobara la ley se tomara en cuenta la participación de dicha Procuraduría, al ser un ente descentralizado.
El asesor del grupo parlamentario del PAN, Alejandro Sierra, apuntó que la iniciativa indicaba que era un trabajo de armonización con la ley general aprobada en 2015, y en ese sentido, expresó que coincidía con el titular del INGUDIS de que no era necesario crear una ley en específico, ya que existe una armonización que se llevó acabo en la Legislatura pasada y la ley general no obliga a tener una ley en la materia sino a armonizar el marco legal.
Finalmente, el congresista Raúl Humberto Márquez Albo manifestó que se analizaría en una mesa técnica la propuesta para posteriormente realizar otra mesa de trabajo.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes las diputadas Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante y María Magdalena Rosales Cruz; así como el diputado Raúl Humberto Márquez Albo.
Además, participaron Daniel Cortés Rayas, de la Secretaría de Salud; Federico Ruiz Chávez, de la Coordinación General Jurídica; Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de Derechos Humanos; Enrique Orozco Mora, de la Unidad de Estudios de las Finanzas; José Grimaldo Colmenero, del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad; Teresa Palomino Ramos de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Diana Guadalupe Landeros Arredondo, de la Secretaría de Educación; y Sergio García, del DIF estatal; así como asesores de las diferentes fracciones parlamentarias.