Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó reformas al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con las cuales se cambia el concepto de anciano por el de persona adulta mayor.
En la sesión, rindieron protesta el ciudadano Pastor García López y las ciudadanas Sandra Josefina Arrona Luna y Reyna Guadalupe Morales Reséndez, al cargo de diputado local ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Asuntos generales
Evaluación.
En su turno, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta hizo una evaluación del trabajo que ha realizado el presidente de la República durante los dos años que lleva en el cargo.
Recordó que, en la pasada contienda electoral, el actual titular del Poder Ejecutivo federal prometió que ordenarían el país, acabarían con la corrupción, y habría servicios con precios justos y finanzas sanas, bajo la premisa que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.
“Su incompetencia, la escudan señalando que no es fácil limpiar tantos años de corrupción, sin embargo, no vemos ni sancionados, ni recursos recuperados por la corrupción, justifican su incompetencia señalando que se encontraron con un país desordenado y hoy, con sus acciones, está más desordenado”, acentuó.
El legislador habló sobre el aumento en el costo de la gasolina y del servicio de electricidad, lo cual dijo, ha afectado la economía de los mexicanos; además, hizo hincapié en el incremento de la deuda del país, la cual, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tan solo entre diciembre del 2019 y julio del 2020, sumó otro 10.5 por ciento.
“Estimada administración federal, los mexicanos no olvidamos, cuando asumieron el gobierno, en la propia sesión de la toma de protesta reconocieron que recibían un país con una situación económica estable…Nos prometieron, en síntesis, un gobierno muy superior a los anteriores, los hechos y los datos nos señalan una presidencia que en sus mejores momentos alcanza la mediocridad y en los peores se hunde en el absurdo”, subrayó.
Finalmente, el congresista llamó al gobierno federal a asumir la responsabilidad de los cargos que ahora ostentan, además los invitó a “conocer la verdadera la realidad del país y corrijan el rumbo, al menos, si no les genera molestia, regrésenos a los estándares de la economía que teníamos”.
Sin precedentes
El diputado José Luis Vázquez Cordero manifestó que México se encontraba ante una crisis de gobernabilidad sin precedentes, por el capricho de una sola persona, y porque el partido en el gobierno federal no entendía que existe una Constitución que señala lo que es una república democrática federal y representativa.
Apuntó que el sistema político mexicano partía de la base que deben existir pesos y contrapesos para regular el poder de la autoridad y que la división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control.
Vázquez Cordero indicó que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse, a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. En ese sentido, subrayó que el actual gobierno federal no entendía el tema de los pesos y contrapesos, y que el Poder Ejecutivo no podía hacer su plena voluntad.
Lo anterior, dijo, ante la sugerencia del gobierno federal, al Poder Judicial, de investigar a Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo, especializado en competencia económica, quien concedió un amparo contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica y que extendió la protección de la justicia federal a todas las empresas participantes del sector.
“Es inconcebible que el titular del Poder Ejecutivo sugiera, sin más bases que una narrativa sobre corrupción, que solo existe en su mente y que no soporta un análisis de su gestión, se investigue a un juez que lo único que hizo fue atender a su compromiso para con la Constitución y con la República”, enfatizó el legislador.
Asimismo, subrayó que con esas acciones Morena dejaba patente, una vez más, su desprecio por las instituciones y el Estado de Derecho, y que el estado democrático de derecho en el país peligraba.
“Queda más que claro, con todo esto, que el gobierno federal sabe que es débil y que no le queda más que usar el recurso de los débiles y tiranos, el de infundir miedo, el de despreciar la ley y el orden constitucional”, argumentó el congresista,
Finalmente, externó su respaldo al juez Juan Pablo Gómez Fierro e hizo un llamado enérgico al gobierno federal de morena para que respete el principio de división de poderes.
Vacunas contra Covid-19 y oportunismo político
En su intervención, el diputado Jaime Hernández Centeno se refirió al acuerdo que realizó el Gobierno de México para comprar más de 234 millones de dosis de cinco prototipos diferentes: AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinovac y CanSino.
En ese sentido, habló de la página que se habilitó para el registro en línea de adultos mayores de 60 años, a fin de facilitar el proceso y evitar aglomeraciones, y del proceso que se dijo se iba a llevar a cabo para vacunarlos, sin embargo, la cosas no marcharon como se esperaban.
Hernández Centeno se refirió a situación que han enfrentado los adultos mayores para ser inoculados y señaló que sumado a la estrategia poco efectiva y bastante retrasada, el partido en el poder estaba aprovechando los recursos públicos asignados para la vacunación con fines electorales, como lo señaló a Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, el pasado 10 de marzo.
El congresista manifestó que se debía dar prioridad al personal médico y a los adultos mayores y que no se ha cumplido con los tiempos establecidos. Asimismo, precisó que México estaba muy rezagado en el avance de la vacunación y que a este ritmo se necesitarían 2 años y nueve meses para inmunizar a todos los mexicanos.
Además, apuntó que el covid-19 había cobrado miles de vidas y debían practicar con el ejemplo los funcionarios del gobierno federal, en especial el presidente de la República y acatar las medidas sanitarias impuestas, sobre todo el uso de cubre bocas.
“Es hora de unir esfuerzos, de dejar atrás los colores partidistas. Debemos buscar la unión y salir adelante. Digamos no a los intereses personales y de partido”, finalizó.
Defensa de los jueces
Al hacer uso de la voz, el diputado José Huerta Aboytes hizo referencia a los ataques que han recibido los jueces por parte del titular del Poder Ejecutivo federal. Señaló que las presiones por parte del presidente de la República ponen en riesgo el respeto por los poderes y por la propia Constitución Política federal.
Expuso que el juicio de amparo es una institución jurídica de mayor relevancia y tiene como finalidad la protección de los derechos de los articulares frente a los abusos del poder público. Mencionó que han hecho uso de dicha herramienta jurídica quienes invirtieron su patrimonio para proporcionarle a los mexicanos energía eléctrica en un entorno de libre concurrencia con la CFE; sin embargo, quienes acudieron al tribunal fueron blanco de ataques por parte del presidente de la República al tacharlos de “traidores de la patria”.
“El presidente de la República ha hostigado al juez Juan Pablo Gómez Fierro, por haber concedido la suspensión provisional del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. A este impartidor de justicia, sin prueba alguna y sin ninguna consideración lo ha señalado de ser sospechoso de responder a intereses privados, aduciendo que procedió como si los jueces estuvieran al servicio de los particulares”, dijo.
El legislador comentó que como parte de la campaña de hostigamiento contra el juez Gómez Fierro, se puso en tela de duda si se había excedido de sus funciones al conceder la suspensión provisional y de ser “demasiado veloz”, al haberla otorgado.
“Esa imputación muestra el desconocimiento de la más elemental práctica del amparo. Muestra que quien la hace, desconoce que desde que se emitió la primera ley que rige este procedimiento, constitucional se estableció la posibilidad jurídica de que el quejoso pueda pedir la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado. Quien formula esas críticas, pone en evidencia que desconoce que esa medida cautelar no implica la insubsistencia de los actos reclamados, sino sólo, que sus efectos queden postergados en el tiempo, para conservar la materia del juicio”, agregó.
Finalmente, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado dio su respaldo a los jueces de distrito para que dicten sus resoluciones, “sin otra brújula que la ley, y sin otro propósito que la vigencia del Estado de Derecho”.
Proceso electoral
En su participación, el congresista Isidoro Bazaldúa Lugo manifestó que Guanajuato está en pleno proceso electoral y a punto de empezar con las fechas establecidas por el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato para el registro de los candidatos y las candidatas para las alcaldías de los 46 municipios, los distritos locales y federales.
En ese sentido, indicó que la gran mayoría de secretarios de Ayuntamiento actuales están metiendo mano negra en el proceso electoral, ya que quienes acuden a solicitar sus constancias de residencia se encuentran con una negativa de su parte y solo los atienden por cita, la cual la otorgan 8 o 15 días después y que, de seguir de esa forma muchos incumplirán con los requisitos marcados.
Bazaldúa Lugo hizo un llamado a todos los secretarios de ayuntamiento de los 46 municipios para que expidan en tiempo y forma la constancia de residencia a todos los que aspiren a un cargo de elección popular, y de la misma manera al Instituto Nacional Electoral.
Licencias
En su intervención, el diputado Miguel Ángel Salim Alle reconoció el trabajo de todos sus homólogos que habían presentado licencia y felicitó a quienes este día se habían retirado por su esfuerzo, compañerismo y compromiso, de manera particular a la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo por haber impulsado el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas.