Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato con el objetivo de modificar el proceso de designación de los jueces administrativos municipales.
Con la propuesta se establece que para la designación de Contralor Municipal y Juez Administrativo Municipal, el Ayuntamiento constituirá un Comité Municipal Ciudadano integrado por cinco ciudadanos, su cargo será honorífico y durará cuatro años, no tendrán interés alguno con el Ayuntamiento y no podrán ser propuestos como candidatos al cargo de Contralor Municipal o Juez Administrativo Municipal por un periodo de un año contados a partir de la disolución del Comité Municipal Ciudadano.
Se precisa que el Ayuntamiento convocará, preferentemente, a las instituciones de educación media superior y superior, así como a organizaciones de la sociedad civil del municipio y a la ciudadanía en general para proponer candidatos, a fin de integrar el citado comité, y se señala que la convocatoria se emitirá al menos con cuarenta y cinco días de anticipación a la fecha de conclusión del periodo del Comité Municipal Ciudadano.
Además, se establecen los requisitos que deberá contener la convocatoria para la integración del Comité; y se precisa que los jueces administrativos municipales durarán en su cargo cinco años, sin posibilidad de designación en el periodo inmediato, y serán nombrados por el Ayuntamiento, a partir de una terna formulada por un Comité Municipal Ciudadano. También se precisa el proceso de destitución de estos.
En el dictamen, se considera que la implementación de un Comité Municipal Ciudadano que realice la propuesta de terna al Ayuntamiento para la designación de titulares de Juzgados Administrativos Municipales y de las Contralorías Municipales, representa un modelo de democracia participativa, siendo esta una estrategia efectiva para consolidar la relación entre ciudadanía y gobierno.
Asimismo, que el plazo de cinco años para el ejercicio del cargo de juez administrativo municipal, diverso al periodo constitucional de tres años para cada ayuntamiento, garantiza la autonomía, y constituye un paso fundamental para separar los ciclos político partidistas locales al ejercicio de la función de impartición de justicia administrativa municipal.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Jorge Ortiz Ortega manifestó que las reformas propuestas partían de impulsar el Gobierno Abierto en la vida municipal, es decir, ese nuevo modelo de gestión, donde la ciudadana es la principal protagonista, al considerarla el eje prioritario del quehacer público, promoviendo su participación e involucramiento mediante un conjunto de herramientas normativas.
El legislador se refirió a tres ejes estratégicos. La transparencia de todo el proceso para la designación del Juez Administrativo Municipal; la participación, al promoverse el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de propuestas tanto para la integración del Comité como para integrar la terna; y la colaboración, porque el diseño normativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para generar las condiciones de independencia del juez administrativo municipal.
Enfatizó que el voto a favor del dictamen facilita el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos.
“Su voto a favor implica un abono importante para la construcción del Gobierno Abierto; representa una reforma clave para la configuración de un esquema de gobernanza, que busca fortalecer la Justicia administrativa municipal, a través de la colaboración entre gobierno y sociedad”, finalizó el congresista.