Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con las que se establece que el magistrado que tome protesta como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se separará de la sala de su adscripción y será suplido por un magistrado supernumerario.
Al ser sometido a votación en lo particular, la diputada Susana Bermúdez Cano se reservó lo relativo al artículo 6, donde se establecía que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato estaría integrado por las salas conforme a los fondos que se prevean en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal correspondiente, de las cuales una será especializada en materia de responsabilidades administrativas, así como los funcionarios jurisdiccionales y administrativos necesarios para el efectivo ejercicio de sus atribuciones.
En ese sentido, la congresista solicitó que se mantuviera en los términos vigentes que dice que el citado tribunal estará integrado por cinco salas, de las cuales una será especializada en materia de responsabilidades administrativas, así como los funcionarios jurisdiccionales y administrativos necesarios para el efectivo ejercicio de sus atribuciones.
Argumentó que era justo reconocer que el avance para la impartición de la justicia administrativa, ya que al disponer que el magistrado o la magistrada que presida el Tribunal, que también está al frente de Sala, pueda desempeñar exclusivamente las funciones que la ley le depara a la Presidencia del TJA se estaban atendiendo las necesidades presentes para una justicia pronta.
“Estaremos abonando a la redistribución de cargas de trabajo, dando resultados inmediatos para evitar el rezago de expedientes que se generan por distraer al magistrado presidente en tareas de índole administrativo”, finalizó.
La propuesta fue aprobada.
Otros asuntos
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnó la iniciativa formulada por el gobernador del estado a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2022, en materia de transporte privado.
Mismo trámite tuvieron las iniciativas de leyes de ingresos para los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para el ejercicio fiscal 2023.
Mientras que el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativo a la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por la administración municipal de Victoria, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se remitió a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
Además, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al primero de los ordenamientos, que pretendía integrar el derecho humano al agua.
El diputado David Martínez Mendizábal habló en contra del dictamen para puntualizar que buscaban incluir una definición más completa de lo que era el agua potable y exhortó a sus homólogos a votar en contra porque se pretendía establecer que el agua fuera un bien público, social y cultural.
A favor se pronunció la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá, quien argumentó que el agua forma parte de las grandes preocupaciones de los mexicanos, y uno de los principales problemas y retos de México es el abastecimiento de agua a una población tan numerosa como la del país.
Asimismo, la congresista enlistó los puntos que consideró sustenta la inviabilidad de la propuesta, entre los cuales destacó, las opiniones vertidas en mesa de trabajo; no existió retroalimentación que permitiera considerar algo distinto a lo contenido en el dictamen.
También precisó que en la entidad el derecho humano al agua ya está consagrado en la Constitución local y que la instrumentación del citado derecho no corresponde a dicho ordenamiento, se debe considerar en la legislación secundaria y en programas y políticas públicas.
Por último, apuntó que técnicamente es inviable establecer reglas de operación en una Constitución.
En rectificación de hechos intervinieron la diputada Susana Bermúdez Cano y el legislador David Martínez Mendizábal.
Asuntos generales
La diputada Noemí Márquez Márquez habló sobre la diabetes y se refirió a las medidas de prevención contra dicha enfermedad como son una dieta saludable, tener un control de peso y evitar el consumo de tabaco como medidas de prevención; y a quienes la padecen los invitó a controlarla asistiendo a sus consultas médicas.
En su intervención, la legisladora Dessire Angel Rocha solicitó que el Congreso del Estado ya no discrimine, al referirse al amparo promovido por AMICUS el cual ha causado estado, dijo, por lo que les correspondía proceder en consecuencia.
Finalmente, la congresista Alma Edwviges Alcaraz Hernández se refirió al crecimiento de los grupos criminales y a la situación que enfrentan los restauranteros en la ciudad de Irapuato, así como a la falta de atención de la presidenta municipal.
