Irapuato.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 80VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, luego de que en abril de este año, personal de la Guardia Nacional asesinó a balazos a un estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG) en el poblado El Copal en Irapuato, en lo que consideró hubo un uso ilegal de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos, en agravio de Ángel Yael Ignacio Rangel, así como en la integridad personal y jurídica de tres personas más.
La CNDH notificó que el 27 de abril se inició una investigación de oficio en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que más tarde, por incompetencia, fue remitida a la Comisión Nacional, por violaciones de los derechos humanos de cuatro jóvenes que se encontraban conviviendo en un terreno cercano a la universidad en la que estudiaban.
Por lo que al momento de retirarse, los elementos federales llegaron de manera intempestiva y comenzaron a disparar hacia la camioneta Eco Sport en color blanco en la que viajaban los estudiantes del área de Agronomía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones graves al derecho a la vida de Ángel Yael y a la integridad de tres estudiantes más, pues aunque los elementos declararon que dispararon hacia la camioneta porque los estudiantes no quisieron detenerse, se concluyó el uso ilegal de la fuerza, ya que los guardias no se encontraban frente a un peligro inminente y aún así activaron sus armas de manera directa e inmediata, evidenciando su falta de preparación.
Ante tal situación, en la recomendación extendida a la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se pidió a la Guardia Nacional que inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las cuatro personas cuyos derechos se violentaron, así como a las siete víctimas indirectas y proceder con la reparación del daño y se les otorgue atención integral.
De igual forma, la CNDH pidió que la Secretaría de Seguridad colabore con el Juzgado encargado de la investigación en contra de los servidores que pudieran ser responsables de los hechos, que coadyuve con el órgano interno de control de la Guardia Nacional a fin de que los hechos sean investigados a fondo y que se imparta a los elementos involucrados un curso sobre el uso de la fuerza y el marco normativo vigente.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó que a los elementos involucrados en este caso que se les emita una circular, para que se atienda lo establecido en el uso de la fuerza con el propósito de que registren audiovisualmente el desarrollo de los operativos que ejecutan.