IRAPUATO, GTO.- El secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez Cervantes, informó que el Municipio no ha cumplido con el pago de la reparación del daño a las 27 mujeres, que el año pasado, el 1 de mayo, fueron detenidas con el uso indebido de la fuerza por la Policía, en el marco de una manifestación feminista en las afueras de la presidencia.
Ante las recomendaciones que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos a la alcaldesa, Lorena Alfaro García y a la dirección de Policía, el pasado 30 de septiembre, por haberse violado las garantías de las personas en esta manifestación, Gómez Cervantes expuso que se han ido cumpliendo los puntos, además de que existen acercamientos con las víctimas, a través de su representación legal, para el pago de la reparación del daño.
“El Síndico Alfredo Méndez ha estado en comunicación, hemos estado avanzando con documentales e información que nos han hecho llegar y también a través del secretario de Seguridad hemos estado en contacto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas”.
“Precisamente estos acercamientos con la Comisión y con las propias víctimas es lo que nos va a dar el monto para atender estas necesidades, este tema lo iremos resolviendo en los próximos 15 días”, dijo el secretario.
Rodolfo Gómez comentó que se ha ido avanzando en la mayor parte de las recomendaciones, por lo que está pendiente el asunto de la indemnización.
Luego de que para el 8 de marzo hay una convocatoria de feministas que comenzará en el Parque Irekua a las 16:30 horas, el secretario comentó que se establecerán los operativos correspondientes, bajo un protocolo establecido.
Además, el funcionario hizo un exhorto a las manifestantes para que realicen la movilización de manera pacífica.
“Nosotros no vamos a contrariar ese derecho, estaremos dándole el acompañamiento debido a través de Proximidad, Protección Civil, Policía y Movilidad, vamos a darle acompañamiento y seguimiento”, añadió.
Entre las recomendaciones que el año pasado emitió Derechos Humanos al gobierno local, destacan: el ofrecimiento de una disculpa pública por la presidencia y dirección de Policía; otorgar atención médica y psicosocial de manera gratuita a las víctimas; el pago de una compensación por los daños a las víctimas; iniciar las investigaciones y procedimientos y se impartan cursos al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de derechos humanos aplicables a manifestaciones públicas.