Urge CNTE a autoridades escolares a reforzar protocolos para enfrentar situaciones de inseguridad

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IRAPUATO, GTO.- Vicente Díaz Quiñones, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado de Guanajuato, señaló la necesidad urgente de fortalecer los protocolos de actuación en el entorno escolar para enfrentar situaciones de inseguridad.

Díaz Quiñones destacó que los protocolos actuales no están actualizados y requieren una revisión integral.

Recordó que hace poco, algunos planteles del municipio de Salamanca se vieron involucrados en un hecho de alto impacto relacionado con la localización de un presunto artefacto explosivo. Díaz Quiñones subrayó que esta situación ha puesto en evidencia la falta de preparación adecuada para manejar tales riesgos.

“Todos los niveles de gobierno deben apoyar en el fortalecimiento de los protocolos de seguridad escolar”, afirmó Díaz Quiñones.

Sin embargo, criticó el enfoque actual que, según él, busca culpar y sancionar a los maestros en lugar de abordar los problemas estructurales y de coordinación necesarios para una respuesta efectiva.

“El problema es que los protocolos de actuación tienden a buscar un culpable y sancionar a los maestros por no haber actuado adecuadamente en situaciones de riesgo. Este enfoque es inadecuado y no resuelve los problemas de fondo”, comentó Díaz Quiñones.

El representante de la CNTE señaló que los maestros, cuando se enfrentan a situaciones de emergencia cerca de los planteles, hacen todo lo posible por proteger a los alumnos. Sin embargo, cuando las acciones tomadas son cuestionadas, los docentes suelen enfrentar sanciones, una práctica que Díaz Quiñones consideró arbitraria e injusta.

Destacó que la seguridad escolar debe ser una responsabilidad compartida que incluya a autoridades de seguridad, Ejército, Guardia Nacional y fuerzas estatales, no solo a los docentes.

Vicente Díaz hizo un llamado a las autoridades para que colaboren en la mejora de las medidas de seguridad y en la implementación de un enfoque más equitativo y efectivo para proteger a estudiantes y personal educativo en situaciones de riesgo.