(Por Daniel Gorosito)
Los arzobispos y obispos de Venezuela, reunidos en la Conferencia Episcopal venezolana, generaron un documento que fue leído en todas las iglesias del país, en el que analizan la situación social, política y económica y denuncian “el proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”.
El informe analiza la disminución de la calidad de vida drásticamente, se está arribando a al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, al igual que el crecimiento de la inseguridad, la impunidad y la represión militar en la vida pública.
Los jerarcas católicos venezolanos consideran que el discurso gubernamental es belicista y agresivo. Se acrecienta el poder militar que es una amenaza para la paz y tranquilidad social. Hay un auge de la delincuencia y la impunidad entorpecen el ordinario quehacer de la gente y surgen en ciudades y poblaciones, verdaderos toques de queda.
El Estado de Derecho presente en la Constitución, se ha debilitado. Las autoridades se han convertido en censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Actitudes y procedimientos que son inaceptables.
La democracia en Venezuela está resquebrajada. La crisis moral consideran los arzobispos y obispos, es mayor que la económica y política, porque afecta a la población en sus normas de comportamiento. Se desconoce la autoridad de la legítima Asamblea Nacional.
El documento episcopal considera que la raíz del problema venezolano está en la implantación de un proyecto político totalitario. Considera urgente que el Ejecutivo permita la entrada de medicinas al país, dada su gran escasez.
Para la recepción y distribución de las mismas, la Iglesia Católica ofrece la infraestructura de Cáritas y su infraestructura parroquial a lo largo y ancho del país.
Es necesario se abra de manera permanente la frontera colombo- venezolana, para que la población pueda proveerse de medicinas, alimentos y otros insumos, como se vio hace unos días. El paso de miles de ciudadanos al vecino país a adquirir productos de primera necesidad, es prueba evidente de la crisis que vive Venezuela.
También aumenta el número de venezolanos recluidos en cárceles, injustamente privados de su libertad, muchos por razones políticas. Estas personas siendo inocentes, deben salir en libertad plena, o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Procesal Penal. Las angustias y esperanzas del pueblo venezolano, son compartidas en estos momentos por numerosas instancias nacionales e internacionales.
El documento culmina, en el nombre de Jesús que nos manda “amarnos unos a otros” (Jn. 13, 34), hacemos un llamado a las autoridades para que frenen el deterioro de vida de los venezolanos cualquiera sea su preferencia política, y para que se detenga el actual espiral de violencia, odio y muerte.
Movidos exclusivamente por el bien y la paz de los venezolanos, reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios para facilitar el encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones efectivas.
Simplemente la incógnita es: ¿Hará caso el Presidente Maduro a las sugerencias que emanan del documento de la Conferencia Episcopal venezolana?
¡Hasta el próximo análisis…!
Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez