Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo Gnzález, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de establecer la gratuidad de trámites consulares y cualquier otro trámite de documentación, certificación o compulsa solicitado por personas de nacionalidad mexicana en situación de repatriación, retorno asistido o deportación voluntaria.
Al hacer uso de la voz, la diputada Yesenia Rojas Cervantes indicó que, derivado de las acciones y tensiones en los Estados Unidos en contra de las personas migrantes, así como de las amenazas, discriminación y acosos que enfrentan nuestros paisanos y sus familias, se han registrado poco más de 189 personas mexicanas deportadas, entre enero de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobierno.
La legisladora señaló que las diferentes formas en que una persona migrante regresa a México son por acciones de las autoridades de migración de Estados Unidos y aquellos casos que por evitar cualquier daño a su persona o simplemente por miedo, deciden voluntariamente repatriarse o regresar por su propia cuenta a su estado o ciudad de origen mexicano.
La congresista externó que la reforma plantea que los trámites de retorno al territorio nacional, el de su familia y sus bienes, queden exentos de pago cuando se trate de personas mexicanas en situación de repatriación, retorno asistido o deportación voluntaria, y que para acreditar el retorno, baste con cualquier documento emitido por autoridad extranjera, una declaración bajo protesta de decir verdad ante la representación consular mexicana o cualquier otra autoridad migratoria que acredite la intención de establecer su residencia definitiva en México.
Asimismo, comentó que tanto la deportación como el retorno voluntario colocan a las personas en la misma situación de falta de liquidez, por lo que mantener un cobro para unas personas y no para otras constituye una distinción arbitraria y que el cobro de derechos se convierte en una barrera de acceso a derechos humanos cuando la persona carece de capacidad económica y se encuentra en estado de vulnerabilidad extrema.
Finalmente, Rojas Cervantes manifestó que el tener un reconocimiento y actualización de la legislación fiscal federal al entorno migratorio actual resulta prioritario para poder tener una respuesta de Estado, frente a la diáspora de la población mexicana que ha resistido históricamente discriminación y sobre todo tratos desiguales.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.