Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González formularon un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, en ejercicio de sus atribuciones de articulación intersecretarial de la Administración Pública Federal y haciendo partícipes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a las demás dependencias competentes, impulsen una estrategia coordinada y orientada al fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, la productividad nacional y la estabilidad del país, a fin de evitar un mayor deterioro en las perspectivas sobre el riesgo soberano de México.
Al presentar la propuesta, la legisladora Susana Bermúdez Cano señaló que el pasado 12 de mayo la calificadora internacional S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva crediticia soberana de México, aunque mantuvo las calificaciones de largo plazo, al advertir un deterioro en la flexibilidad fiscal y en las condiciones macroeconómicas nacionales.
Bermúdez Cano explicó que, de acuerdo con el análisis de la calificadora, el proceso de consolidación fiscal previsto para México será gradual y limitado debido a un entorno de crecimiento moderado, menor dinamismo de la inversión privada y crecientes presiones sobre el gasto público, lo que podría traducirse en un menor margen de maniobra presupuestaria para el Estado.
Asimismo, destacó que el reporte advierte sobre la creciente rigidez fiscal vinculada al apoyo financiero recurrente a empresas productivas del Estado, particularmente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.
La congresista agregó que el análisis de S&P también identifica factores estructurales que limitan la productividad y el crecimiento potencial de la economía mexicana, entre ellos rezagos en infraestructura física, la amplitud de la economía informal, acceso limitado al crédito, rezagos educativos y condiciones de seguridad pública.
De igual manera, señaló que la calificadora incorpora dentro de su evaluación la incertidumbre asociada a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a los posibles efectos sobre la inversión, las cadenas regionales de suministro y la posición económica del país.
La legisladora indicó que la modificación de la perspectiva soberana no se limita al ámbito financiero gubernamental, sino que puede impactar directamente en las condiciones de financiamiento nacional, generar mayores tasas de interés, restringir el acceso al crédito e influir negativamente en proyectos de infraestructura, inversión productiva y generación de empleo.
Añadió que los efectos de un entorno económico con menor crecimiento y mayores costos financieros suelen impactar con mayor intensidad a pequeñas y medianas empresas, trabajadores informales y comunidades con rezagos de infraestructura, al reducirse los márgenes presupuestarios destinados a rubros prioritarios como educación, salud, seguridad y programas sociales.
Finalmente, Bermúdez Cano sostuvo que atender los factores identificados por la evaluación internacional no solo representa una medida para preservar indicadores financieros, sino una estrategia orientada a fortalecer la competitividad, ampliar oportunidades económicas, impulsar el desarrollo regional y garantizar mayor estabilidad social en el largo plazo, mediante mecanismos de coordinación institucional entre las distintas áreas del Gobierno Federal.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, para su análisis y dictaminación.