GUANAJUATO, GTO.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la modificación de varios ordenamientos legales para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y un manejo responsable de las finanzas públicas.
Lo anterior atiende a la obligación de armonizar el marco normativo local con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. El objetivo principal es contar con leyes en materia de responsabilidad hacendaria que establezcan mecanismos para evitar el mal uso de los recursos públicos, el sobreendeudamiento y promover finanzas locales sostenibles, a través de reglas de disciplina financiera, uso responsable de la deuda pública.
El objeto primordial de la legislación en materia de disciplina financiera es contar con una regulación a través de la cual los gobiernos locales promuevan finanzas públicas sostenibles y hagan uso responsable de la deuda pública.
Con la nueva ley y las reformas en materia de disciplina financiera se promueve el sano desarrollo de las finanzas públicas, se pone un límite al crecimiento del gasto de nómina, se prevé un sistema de alertas que medirá el nivel de endeudamiento y se busca la contratación de deuda y obligaciones al menor costo financiero, entre otras cosas.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Elvira Paniagua Rodríguez, María Guadalupe Velázquez Díaz y Angélica Casillas Martínez, así como el diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias.
La diputada Elvira Paniagua Rodríguez, manifestó que ante la situación que enfrentan varios estados y municipios en el país, donde se ha hecho mal uso de los recursos, el Gobierno Federal estableció en ley los criterios bajo los cuales deberán guiarse, a fin de tener una gestión responsable, que fomente el crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales.
La legisladora señaló que las autoridades del estado de Guanajuato han demostrado con responsabilidad su interés por continuar trabajando por la ruta de la transparencia, el control y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
“La disciplina financiera establece los principios y las reglas en materia de responsabilidad hacendaria y financiera que promueven una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas, que incentivan el desarrollo y la estabilidad económica”, enfatizó Paniagua Rodríguez.
En su oportunidad, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz dijo que el dictamen en discusión se derivaba de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobada el pasado mes de abril a nivel federal. En ese sentido, enfatizó que con ese ordenamiento se busca moderar el endeudamiento de las entidades y reducir el costo del financiamiento para los gobiernos locales.
“Con la finalidad de tener una legislación a la vanguardia y acorde a los ordenamientos federales, hoy este Congreso se suma a esta nueva regulación, brindando al Gobierno del Estado y a sus municipios nuevos criterios de responsabilidad hacendaria para tener un manejo sustentable de las finanzas públicas”, apuntó Velázquez Díaz.
Por su parte, la diputada Angélica Casillas Martínez indicó que el dictamen puesto a consideración de la Asamblea era reflejo del convencimiento de las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo para hacer de Guanajuato un estado pionero en materia de disciplina financiera.
Al solicitar el voto a favor del dictamen, Casillas Martínez subrayó que con la aprobación del mismo se daba un paso importante en la reglamentación del uso de los recursos públicos y se ratificaba el compromiso de la Legislatura de fortalecer la transparencia.
Finalmente, al pedir el voto a favor del dictamen, el diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias manifestó que el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), informó en días pasados que Guanajuato ocupa el cuarto lugar dentro del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016, por lo que consideró que la aprobación del dictamen abonaba al fortalecimiento del sistema de administración estatal y al buen ejercicio de los recursos públicos.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.
Aspectos relevantes de la nueva ley y ordenamientos armonizados
La nueva Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato contempla, entre otras cosas:
- La prohibición de contratar financiamientos y obligaciones directa o indirectamente con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros.
- Los créditos deberán destinarse a la inversión pública productiva o, en su caso, su refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos.
- Contempla la excepción del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la autorización y contratación de deuda pública y obligaciones, para los financiamientos que se realicen bajo programas federales o convenios en los cuales participe la Federación.
- Se implementa un sistema de alertas para monitorear los niveles de endeudamiento de los entes públicos y se crea el Registro Público Único.
- Se contemplan los techos de financiamiento que podrán contratar los entes públicos.
- La autorización de deuda pública deberá darse por las dos terceras partes de quienes integran el Congreso del Estado.
- En caso de refinanciamiento o restructura de créditos no requerirán autorización del Congreso siempre y cuando exista una mejora en la tasa de interés, no se incremente el saldo insoluto y no se amplíe el plazo del vencimiento original.
- La contratación de deuda deberá darse bajo las mejores condiciones de mercado y deberá publicarse en la página de internet del sujeto obligado a más tardar diez días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único.
En lo que respecta a las reformas a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos:
- Se puntualiza que las iniciativas de reforma al presupuesto de egresos que impliquen aumento o creación de gasto, deberán contemplar cómo se cubrirán los nuevos gastos.
- Se establece que el proyecto de presupuesto de egresos municipal y la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos deberán contener lo relativo a las percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y seguridad social de las plazas presupuestadas; las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales; la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral.
- El Estado deberá prever recursos en la ley de egresos para atender los daños en caso de desastres naturales. Dichos recursos se administrarán por un fideicomiso público que se constituya para tal fin.
- Los ahorros resultados de medidas de racionalización del gasto corriente y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública menor al presupuestado, deberán aplicarse primero a corregir desviaciones del balance presupuestario y después a programas prioritarios.
- Se establece la obligación de reintegro a la Tesorería de la Federación de las transferencias federales etiquetadas que no se hubiesen devengado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.
Otros de los ordenamientos modificados fueron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo donde se incluye el concepto de «obligaciones»; en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado se adiciona un capítulo relativo a la afectación de participaciones y fondos de aportaciones federales y en las leyes Orgánica Municipal, de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios y de Fiscalización Superior para que se sujeten a las leyes federal y estatales en materia de disciplina financiera.