Al cerrar el año, la diputada federal del PRI Yulma Rocha sintetizó el trabajo legislativo de este primer periodo de segundo año de la LVXIII Legislatura en el que se destacan reformas en rubros como seguridad, salud y justicia laboral entre otros.
Uno de los temas principales fue el Paquete Económico Fiscal 2017 que se logró sacar adelante con una reducción del gasto corriente en 4.8 por ciento, en términos reales. El gasto de las secretarías y dependencias del gobierno federal (ramos administrativos) se ajustaron en 16.9 por ciento; y de esto su gasto operativo se reduce en 35 mil millones un 20 por ciento.
A propuesta del Ejecutivo Federal se lograron modificaciones a la Constitución -artículos 73 y 25- a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establezcan mecanismos de mejora regulatoria, simplificación de regulación de trámites y servicios.
En esos cambios también se logró que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes generales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia cívica e itinerante y funcionamiento de registro civil.
En rueda de prensa enfatizó que se aprobó uno de los grandes pendientes que era la reforma en materia de justicia laboral ahora desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la justicia laboral será impartida por el Poder Judicial. Los patrones trabajadores en conflicto deberán agotar la instancia conciliadora antes de iniciar un juicio y en el caso de los sindicatos se garantiza el voto personal, libre y secreto para la elección de dirigentes.
“Seguimos trabajando por las mujeres, por eso aprobamos reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público pueda emitir una orden de protección y emergencia a las mujeres víctimas de violencia, sin autorización de un juez y ahora estas serán permanentes hasta que la víctima deje de estar en peligro, pues anteriormente sólo era por 72 horas”, mencionó la legisladora.
Para combatir el delito de abuso sexual infantil, ya que México registra más de 4.5 millones de niños y niñas que han sido abusados sexualmente, la Cámara de Diputados logró aprobar reformas al Código Penal Federal para prohibir a las personas que hayan sido sentenciadas por ese delito o tráfico de menores y que han salido de prisión acudan a lugares donde se reúnan niños, niñas y adolescentes.
De igual forma avalaron crear el Registro de Personas con Sentencia Firme a cargo del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se inscribirán todas aquellas personas a quienes se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a lugar determinado.
En otra importante determinación, los legisladores aprobamos la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que garantiza el derecho de todo ciudadano a la protección de sus datos personales en poder de más de 800 órganos de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, con excepción de los sindicatos o cualquier otra persona física.