GUANAJUATO, GTO.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado recibió al Procurador de la materia, Raúl Montero de Alba, para que presentara los argumentos sobre la iniciativa en materia de protección a periodistas.
El procurador había señalado que legislar en materia de “Libertad de expresión” es inconstitucional, porque dentro de la acción 87/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió “que los estados no pueden legislar para dar contenidos a derechos humanos reconocidos por la Constitución de Los Estados Unidos Mexicanos”.
La Diputada priísta Irma Leticia González explicó que la PDHEG argumentó que en el caso del Estado de Quintana Roo, el Congreso “excedió sus facultades al pretender introducir una definición del derecho de “libertad de expresión” en el artículo 3, fracción VI, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo…”, citó al órgano.
Sin embargo, puntualizó que ese criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad 84/2015 de la Ley de Protección de Periodistas del Distrito Federal, los legisladores miembros de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Guanajuato “no legislaron para dar contenidos a derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal”.
Por su parte la diputada panista Sagrario Villegas señaló que “para el Grupo Parlamentario del PAN, es fundamental escuchar las voces de quien quiera formular alguna aportación para fortalecer la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Guanajuato”.
Villegas Grimaldo dijo que “sin duda, se puede hacer un análisis y estudio profundo de dicho dictamen para poder fortalecer el documento y poder tener una ley acorde a la realidad de Guanajuato y a las necesidades de periodistas y las personas defensoras de Derechos Humanos”.
La legisladora anunció que el próximo 20 de julio se instalará una mesa de análisis permanente, “cuyo objetivo será el de integrar las propuestas que se han realizado al dictamen y que la nueva Ley establezca las bases para promover, proteger y defender la vida, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticos, así como salvaguardar su integridad física, psicológica y económica cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad”.