HOUSTON, TEXAS. – Con la ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, la cual está programada para el próximo miércoles 8 de noviembre en la ciudad de Livingston, Texas; se pone sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo deben enfrentarse el juicio no les permiten a los mexicanos defenderse correctamente.
La organización “Death Penalty Information Center” informó que 55 mexicanos esperan ser ejecutados en Estados Unidos, derivado de procesos penales en su contra.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) registró hasta el 30 de junio a 75 connacionales que enfrentan procesos penales que podrían resultar en esa sentencia.
Mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en EU, el gobierno federal brindó atención a 195 y logró evitar la sentencia en 29, además de revertir la ejecución de un connacional.
Y aunque en México se rechaza el máximo castigo, la protección se ve dificultada porque incluso en EU, donde existe la mayor red de consulados de cualquier país, “a veces no tienen las capacidades ni los presupuestos”.
Otro ejemplo de estas leyes es Ramírez Cárdenas, un hombre de 47 años, el cual es originario de Irapuato, Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena, a pesar de que no se le realizó la prueba de ADN para constatar que él es el responsable.