Guanajuato, Gto. – Esta mañana, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que el ministerio público pueda establecer sus sistemas de investigación, destinados a obtener, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente, la información para la seguridad pública; además de que deberá coordinarse con el Centro Estatal de Identificación Forense.
De manera general, se comentó que a partir de que la principal actividad de los servicios periciales es la emisión de dictámenes que producen expertos en determinadas disciplinas científicas o técnicas, se trata, dentro de un proceso penal, de medios de prueba que se ofrecen, admiten, desahogan y valoran como una prueba más y en las que tienen especial significado en función de su rigor científico o técnico, la desvinculación que se pretende efectuar con la propuesta se considera improcedente, aunado a que generaría una complicación a la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones sustantivas.
Asimismo, se dijo que, desde un punto de vista jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de descentralización, pues si bien puede haber organismos descentralizados que no sean autónomos, no es posible que haya organismos autónomos que no sean descentralizados.
La diputada María Eugenia García Oliveros manifestó que no se pueden cerrar los ojos ante la crisis forense del Estado, que la saturación no es solo cifras sino una deuda pendiente con la verdad y la justicia para las familias guanajuatenses.
Remarcó que el objeto era claro y no que proponía un simple cambio administrativo sino una transformación profunda: contar con un Centro de Identificación Forense en el Estado, el cual contaría con autonomía para tener la capacidad de gestionar su propio presupuesto, desarrollar su infraestructura y operar con un enfoque interdisciplinario, con estructura propia.
Finalmente, resaltó que no se menoscababa ni debilitaba la función de la Fiscalía, sino que se fortalecía.
Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal comentó que esto facilitaría la identificación de los familiares desaparecidos, lo cual tiene que ver con responder a las personas que están buscando a sus familiares. Añadió que la autonomía técnica no significa autonomía orgánica y que no hay ninguna violación a algún ordenamiento vigente.
En su oportunidad, la legisladora Susana Bermúdez Cano coincidió con lo expuesto por los invitados y señaló que en la práctica hay distintos sistemas de organización. Habló sobre las diferencias entre estados y sus servicios periciales, pero apuntó que en la entidad se está haciendo conforme a la norma.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks, María Eugenia García Oliveros, Susana Bermúdez Cano y David Martínez Mendizábal, acompañadas de representantes de la Consejería Jurídica, de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, de la Comisión Estatal de Víctimas y de la Secretaría de las Mujeres.