Guanajuato, Gto. – La Comisión de Salud Pública realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa para expedir la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer un modelo integral de atención a adicciones que articule prevención, tratamiento, reducción del daño e integración comunitaria, regulando los servicios públicos, privados y mixtos en el estado.
Los asistentes externaron que, si bien la iniciativa persigue un fin noble al pretender regular la asistencia integral, el tratamiento y la clausura de centros de rehabilitación para adicciones, resulta inviable en los términos planteados, toda vez que la regulación en materia de salubridad general, normatividad clínica y control sanitario es una facultad reservada exclusivamente a la Federación; y que crear esquemas regulatorios locales paralelos o fragmentar el Sistema Nacional de Salud mediante leyes específicas por padecimiento generaría una sobrerregulación, invasión de competencias y lagunas jurídicas que comprometen su operatividad.
Asimismo, señalaron que la propuesta no contiene una viabilidad financiera e institucional al imponer cargas como la creación de centros de rehabilitación en todas las regiones del Estado sin prever fuentes de financiamiento, ni esquemas graduales de implementación; agregaron que en lugar de duplicar funciones o dispersar recursos, es necesario armonizar la propuesta con la Ley de Salud local, fortalecer las estructuras existentes como el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, y precisar que figuras como la justicia terapéutica deben ceñirse estrictamente al ámbito administrativo de salud sin interferir en los procesos penales.
Por su parte, representantes de centros y colectivos indicaron la profunda impotencia que sufren las familias ante el problema de las adicciones, manifestando que el marco normativo y los artículos existentes se quedan en el papel sin reflejarse en los hechos ni frenar las pérdidas de vidas o las conductas de riesgo; asimismo pidieron a las y los legisladores sensibilidad, apertura y la adecuación de la iniciativa con un enfoque de derechos humanos y seguridad comunitaria, de modo que se construyan soluciones reales para apoyar a las personas con adicciones y a sus familias más allá del debate legal o administrativo.
En la reunión estuvieron presentes el diputado Antonio Chaurand Sorzano en compañía de representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; de la Secretaría de Salud de Guanajuato; de la Secretaría de Seguridad y Paz; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; asesores de diferentes grupos parlamentarios; de centros de rehabilitación de la entidad y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.