Irapuato.- Tras la masacre de 27 internos que se registró el 1 de julio en un anexo de Arandas en Irapuato, lo encargados de centros de rehabilitación pidieron la intervención del Estado y la Federación, en el marco de la visita del presidente de la república a Irapuato.
Nicolás Pérez Ponce, representante de Centros de Rehabilitación del Bajío, informó que tras los ataques a estos lugares, algunos anexos han decidido cerrar, además de amenazas que han recibido.
Añadió que la situación más grave fue la que se registró a inicios de mes en el poblado de Arandas en Irapuato, donde 27 personas murieron a causa de un ataque armado.
“Se les dijo que uno de los fundamentos que se iba a soltar todo esto era por las adiciones, buscamos los foros de información pero no nos escucharon, hay otros centros que se abren para servirse del servicio y delinquir”.
Pérez Ponce reveló que tan solo en Irapuato, debido a los hechos de violencia, han cerrado más de 80 anexos de 260 que existían.
Aunque la mayoría de los anexos son irregulares, el representante de Centros de Rehabilitación del Bajío comentó que en todos los anexos hay miedo por amenazas y ataques.
“Es por amenazas y por supuestas cartulinas que han puesto, nosotros seguimos trabajando”, acotó.