Guanajuato, Gto. – La Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó diversos dictámenes relativos a los informes de resultados de varios sujetos de fiscalización.
Se trata de las auditorías practicadas a los recursos del Ramo General 33 y obra pública de Celaya, Irapuato, Santiago Maravatío, Comonfort, Cortazar y Pueblo Nuevo; así como a la cuenta pública del Poder Ejecutivo estatal, todos correspondientes al fiscal 2018.
De igual manera, de las auditorías de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado, con enfoque al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados por el programa E041 Justicia Ambiental a cargo de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, por los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; y específica practicada al Poder Ejecutivo estatal, por lo que respecta a las operaciones realizadas del Programa Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública (ESCUDO), por el ejercicio fiscal 2018.
En la reunión participaron las diputadas Alejandra Gutiérrez Campos -presidenta-, Celeste Gómez Fragoso, Lorena del Carmen Alfaro García y Claudia Silva Campos; así como el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta. También los acompañó la congresista María Magdalena Rosales Cruz.
Mesa de trabajo
Previo a los trabajos de la Comisión se llevó a cabo una mesa de trabajar para analizar varias iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado.
En un primer bloque se revisaron dos iniciativas para que se desafecte del dominio público estatal un bien inmueble de propiedad estatal, localizado en la comunidad de San Rafael, del municipio de Doctor Mora, y se autorice al Poder Ejecutivo del Estado a enajenarlo y donarla en favor del mismo municipio para la construcción de la obra denominada Prolongación de la calle Esperanza; y la segunda, corresponde a la desafectación del dominio público estatal de un bien inmueble de propiedad estatal y se autorice para donarlo en favor del municipio de Doctor Mora para la construcción de la obra denominada Modernización del Camino San Antonio Tercero-La Florencia.
Al respecto, Jorge Luis Hernández, asesor del grupo parlamentario del PRI solicito que para ambas se fijara un plazo.
Además de una tercera propuesta para que se desafecte del domino público estatal una fracción del bien inmueble de propiedad estatal y se autorice al Poder Ejecutivo del Estado a enajenarla a favor del municipio de Dolores Hidalgo C.I.N para destinarla a la construcción de la obra denominada Andador Universitario.
En un segundo bloque revisaron lo correspondiente a dos iniciativas para reformar los Decretos Legislativos 227 y 204, expedido por la Sexagésima Tercera Legislatura, a fin de que se les autorice la ampliación del plazo y poder continuar con la venta de bienes inmuebles.
Al respecto, Jorge Luis Hernández manifestó que se debían hacer las solicitudes completas, ya que las anteriores señalaban que si no se cumplían quedaban sin efecto y tenía que hacerse toda la solicitud de enajenación.
Por su parte, Federico Ruiz, de la Coordinación General Jurídica indicó que aún no había concluido el plazo por lo tanto no requiere hacerse la autorización completa.
Finalmente, se revisaron otras tres solicitudes para desafectación del dominio público de una fracción de un bien inmueble de propiedad estatal y se autorice al Poder Ejecutivo del Estado a aportarla al Parque Tecnológico de Guanajuato, S.C.; de un lote de terreno propiedad del Gobierno del Estado y se autorice al Poder Ejecutivo donarla en favor del Tecnológico Nacional de México con destino al Centro Regional de Optimización y desarrollo de Equipo de Celaya CRODE Celaya y de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado y se autorice al Poder Ejecutivo donarla en favor del municipio de San Francisco del Rincón para que se destine a las instalaciones del Sistema DIF de ese municipio.
En la que corresponde al Parque Tecnológico de Guanajuato, S.C. el representante del grupo parlamentario del PRI pidió se actualizara el certificado de no gravamen, ya que el presentado era de junio de 2019 y establecer un término para la finalidad; en la segunda, mencionó que las escrituras no coincidían ni se acompañaba del protocolo de ajuste de las superficies, por lo que solicitó conocer cuál era la que se usaría, la del plano o la que se estaba señalando en el decreto.
Sobre la discrepancia de las superficies, Federico Ruiz Chávez mencionó que la autorización que se otorgue se hacía sobre la superficie que se acreditara en campo.
Finalmente, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos solicitó allegarse de más información sobre los comentarios realizados por el asesor parlamentario y se analizara en otra reunión, a la brevedad, con el objeto de cuidar en todo momento la legalidad, pero dándole celeridad al tema, ya que eran cuestiones que ya estaban hechas y las otras se trataba de recuperación de carteras.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas Alejandra Gutiérrez Campos, Celeste Gómez Fragoso, Claudia Silva Campos y María Magdalena Rosales Cruz; así como el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta. Además asistieron María Raquel Barajas Monjarás, coordinadora General Jurídica; Carlos Ramón Romo, director de Fondos Guanajuato; Javier Pérez Salazar, auditor general; Federico Ruiz, de la Coordinación General Jurídica y asesores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.