Guanajuato, Gto.- La Diputación Permanente aprobó el informe sobre los trabajos realizados durante el segundo receso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura.
Asimismo, turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
Además, dio cuenta con la solicitud de licencia al cargo por tiempo indefinido formulada por el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD. El documento fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
Asuntos Generales
En el apartado de asuntos generales, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera y la diputada María Magdalena Rosales Cruz hicieron uso de la voz.
Sumando por México
El legislador Jesús Oviedo Herrera habló sobre las promesas que no ha cumplido el presidente de la República a más de un año y medio de haber tomado protesta al cargo.
Refirió que no ha existido eficacia y honradez, buen uso de los recursos públicos, y finanzas sanas, tal como lo prometió desde que se encontraba en campaña.
Detalló que a menos de dos años el país atraviesa la peor crisis económica del último siglo, pues la economía mexicana se derrumbó 18.9% en el segundo trimestre, por lo que se considera la peor caída desde que se llevan registros.
“Para ponerlo en perspectiva, en seis meses, la economía del país retrocedió 10 años, y no fue sólo por el COVID, porque la economía mexicana ya estaba contrayéndose desde un año atrás. De hecho, ya son cinco trimestres consecutivos de caída económica. Básicamente, desde el inicio de este gobierno, la economía piso el freno, tanto por la incompetencia de la administración federal para ejercer el presupuesto”, acentuó.
Por otro lado, señaló que al principio de la pandemia, el presidente de la República y el Secretario de Salud federal presumieron y prometieron que en México el COVID no estaba afectando como en otros países, pero hoy se encuentra como la cuarta nación con más de 70 mil muertes.
“Nos prometieron, en síntesis, un gobierno muy superior a los anteriores, y están ejerciendo en los hechos y en los datos una presidencia que en sus mejores momentos alcanza la mediocridad y en los peores se hunde en el absurdo, apostándole al circo del “Combate a la Corrupción” en la pista de las mañaneras, en lugar de hacerlo por medio de los procesos legales que para eso están, ahí está la Fiscalía como organismo autónomo, si tiene los elementos hágalos valer y que caiga quién haya cometido el oprobio sin importar el partido, pero no mediatice”, subrayó.
Finalmente, el legislador hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo federal para que “ponga orden en su administración, construya certeza en lugar de alimentar la incertidumbre, aplique la ley y sométase a ella como debemos hacerlo todos en un sistema republicano”.
Las personas desaparecidas
Por su parte, la diputada María Magdalena Rosales Cruz hizo referencia a la conmemoración del Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el pasado 30 de agosto.
La legisladora refirió que la desaparición forzada es uno de los crímenes más atroces que pueden existir al traducirse en una violación constante a los derechos humanos, que no solo afecta a las víctimas directas y sus familiares, sino que es una herida abierta para todas y todos como sociedad.
Señaló que para hacer frente a dicho problema es necesario tomar medidas desde todos los niveles de gobierno, para combatir este delito, garantizar el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas, esclarecer los hechos que llevaron a su desaparición y castigar a los responsables, así como defender el derecho de sus familiares a reencontrase con sus seres queridos.
Precisó que en Guanajuato la desaparición forzada ha dado pasos hacia atrás, pues no se cuenta con cifras oficiales por parte de las autoridades estatales y hay una tendencia a invisibilizar la situación, ya que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), cuyo último informe es de 2018, se estima que hay entre 500 y 1000 casos, así mismo de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, al 31 de diciembre de 2019, había 672 personas desaparecidas en el estado de Guanajuato.
“La falta de sanción es una de las principales causas de la repetición de este crimen, por lo que los responsables de las desapariciones deben rendir cuentas ante la justicia. De ninguna manera reprimir protestas puede ser la respuesta a los familiares, sino que la atención a las víctimas tiene que ser constante y ajustarse a las mejores prácticas internacionales”, agregó.
Finalmente, la diputada reiteró el llamado a las autoridades estatales para que se cierren las carpetas de investigación levantadas en la manifestación del pasado 10 de julio, contra las familiares de las víctimas quienes fueron detenidas atribuyéndoles la comisión de delitos contra las vías generales de comunicación, cuando solo ejercían sus derechos de asociación, protesta y libertad de expresión.