Guanajuato, Gto. – Esta mañana, en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano para el Estado de Guanajuato, con la cual se crea el Premio Estatal a la Comunidad Migrante y se incluye en el Premio Estatal a la Mujer “Emma Godoy Lobato” la categoría Mujer Migrante.
La diputada Susana Bermúdez Cano indicó que el dictamen buscaba visibilizar el papel fundamental de las personas migrantes en el Estado y conllevaba dos acciones: la creación del Premio Estatal a la Comunidad Migrante, con el fin de incentivar la participación ciudadana y colaboración entre migrantes, sociedad y gobierno; la segunda, integrar la categoría Mujer Migrante.
“La participación de la comunidad migrante no es solo un derecho sino una oportunidad invaluable para fortalecer el bienestar de todas y todos los guanajuatenses”, concluyó.
En su oportunidad, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero indicó que se ponía en el centro a los migrantes guanajuatenses reconociendo a la mujer migrante, a quienes apoyan a otros migrantes y defienden sus derechos.
Mismo trámite tuvo el dictamen de la minuta proyecto de decreto de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
La diputada María Eugenia García Oliveros celebró que se hayan acabado las pensiones doradas y confió en que el dictamen saliera por unanimidad, ya que, dijo, por muchos años hubo varios casos de excesos y privilegios, pensiones del sector público muy altas, pagadas con dinero del pueblo, muy por encima de lo que recibe la mayoría.
Apuntó que eso va a quedar atrás porque ahora las jubilaciones no podrán ser mayores a la mitad del salario de la presidencia de México y subrayó que se está dando un paso en la equidad, se evitan los excesos desde el poder público y se fortalece el principio de austeridad.
Por su parte, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero manifestó que la reforma no daña o minimiza el derecho a un retiro digno, sino que, con reglas claras, se pone orden en donde había abusos amparados en el cargo y la cercanía al poder de aquellos servidores públicos de confianza en las entidades estatales y paraestatales cuyas pensiones eran pagadas con recursos públicos.
Agregó que, al acompañar la minuta, refrendaba la idea de que debe existir un orden en las pensiones, que son tremendamente altas, y que, con ello, ayudaría a que el presupuesto alcance mejor, principalmente, a las personas más necesitadas.
Mientras que la correspondiente a la iniciativa de reforma de la Carta Magna en materia electoral no fue aprobada. El congresista Juan Carlos Romero Hicks indicó que la aprobación de esta minuta se hizo en menos de 12 horas y en ambas Cámaras ya se hizo la declaración de procedencia por lo que era inminente su publicación por la presidenta de México.
Puntualizó que las reformas consisten en la modificación de tres artículos: el 115 que se refiere a la vida municipal, el 116 que habla del tamaño de los Congresos y el recurso financiero que pueden tener y el 134 que aborda los correspondiente a los recursos públicos que deben manejarse con eficiencia, transparencia, eficacia, honestidad y rendición de cuentas, y que limita desde la Constitución las percepciones que pueden recibir las personas que están en el servicio electoral.
Remarcó en que creen que debe haber un respeto a la Constitución en toda su interlocución interna, en su lógica de cómo está diseñada, que siempre debe haber actuación de autoridades dentro del marco legal, que no debe haber arbitrariedades, no debe haber privilegios y debe haber garantía y certeza jurídica, pero, al mismo tiempo, abundó estamos en un estado federalista, porque el dictamen no es federalista, municipalista y no atiende ningún problema serio en el país.
Enfatizó que si hay algo que se necesita es que, si los Congresos tienen excesos, se limiten, pero era al contrario requerían más recursos para sus áreas de investigación, publicaciones, para el servicio civil de carrera, para su fortalecimiento en general.
Al comentario de su antecesor se sumó la diputada Susana Bermúdez Cano y señaló que la minuta incorpora elementos como porcentajes específicos, prohibiciones detalladas y reglas operativas que por su naturaleza no deberían estar en la Constitución, pero podrían ser adecuadamente tratadas en leyes secundarias.
Argumentó que desde la perspectiva de la teoría constitucional ello puede generar una rigidez normativa excesiva, limitando la capacidad del legislador ordinario para ajustar las disposiciones conforme a las necesidades sociales.
Consideró que, si bien la minuta persigue objetivos legítimos vinculados a una supuesta austeridad, una igualdad sustantiva y un supuesto fortalecimiento de la vida democrática, su diseño normativo plantea diversas inestabilidades no solo con el principio federal sino con la autonomía de las entidades federativas, los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos político-electorales.
Finalmente, remarcó que la reforma reduce estructuras, ajusta presupuestos y modifica reglas operativas, pero no toca, por ejemplo, uno de los problemas más graves del sistema electoral: la captura de procesos por parte del crimen organizado. Resaltó que estaban bajo un debilitamiento institucional bajo el argumento de austeridad, al reducirse capacidades de instituciones claves, lo que puede afectar la organización, vigilancia y certeza en las elecciones, simulación del cambio y sobrerrepresentación.
En su oportunidad, el legislador Rodrigo González Zaragoza señaló que el sistema electoral vigente ya está caduco, que hace muchos periodos electorales se viene señalando que el sistema político ha quedado rebasado y eso ha sido una merma histórica, por la disparidad que existe entre los aparatos gubernamentales, legislativos, entre el ejercicio republicano de los poderes.
Abundó en que hay poderes ejecutivos en muchos que tienen hasta cuatro veces más que el Poder Legislativo o el Poder Judicial, y siempre en época electoral hay problemas en la eficiencia del gasto y a dónde va dirigido. En cuanto al sistema de partidos, indicó que estaban a favor de que se reduzca el financiamiento hacia los partidos porque hay mucho dispendio, y que la reforma terminó siendo administrativa, los congresos locales deben tener un techo presupuestal, en cuanto a los ayuntamientos también debe haber un tope porque muchos rebasan las 15 regidurías y las sindicaturas a 1, por lo que ese tipo de reformas valen la pena, por lo que estaban en contra del dictamen negativo.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que como lo han dicho muchos historiadores y filósofos las historia se repite y es cíclica, y que en 2014 se hizo una reforma pensando en los excesos y abusos que tenían los institutos locales electorales, decía que en Guanajuato no les quedaba, y hoy pasaba lo mismo, porque se hacían ajustes que invaden esferas constitucionales sobre la libre determinación de los estados y la libre configuración municipal.
Añadió que se hacía por los excesos y abusos que hay en muchos otros estados del país, pero que lamentablemente no era el caso de la entidad, lo que se necesitaba era una reforma que viniera a poner reglas claras al proceso electoral y quitara tantas prohibiciones. Subrayó que no va a acompañar el dictamen, que otras cosas que se dejaron fuera como la representación proporcional eran más valiosas, la injerencia del crimen organizado y el retirar tantos candados.
Concluyó al puntualizar que se deben generar reformas constitucionales que perduren en el tiempo y que permitan la confianza del ciudadano a votar, y esta reforma no generaba más confianza ciudadana en las elecciones.
En su participación, la congresista María Eugenia García Oliveros se pronunció en contra del dictamen negativo al indicar que estaban frente a una oposición derrotada, ya que el pueblo exigía transformar la democracia, austeridad y ver reflejados los recursos públicos en el bienestar colectivo.
Refirió que la minuta contiene cinco puntos clave: la reconstrucción de los ayuntamientos, con un presidente, un síndico y hasta 15 regidurías; que los presupuestos anuales de los congresos locales no excedan al 70% del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa; la eliminación de privilegios en cuanto a quienes laboran en lo electoral no ganen más de la mitad de lo que gana la presidencia de México; que los ahorros generados se destinen exclusivamente a obras de infraestructura y desarrollo local y el fortalecimiento de la paridad de género, garantizado su cumplimento tanto horizontal como vertical.
También se aprobó la convocatoria para invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la consulta de la iniciativa de reforma a la Constitución Política local para elevar a rango constitucional local el Derecho a la Protección de la Unidad Familiar de las Personas Migrantes.
Además, con base en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se declaró la caducidad de la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria de la Fracción XV del artículo 88 de la Constitución Política local con la finalidad de desarrollar el proceso de las acciones de protección efectiva de derechos.
De igual manera, sobre la propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía General, la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral, a la Universidad de Guanajuato y los 46 municipios a que cumplan de manera efectiva y verificable con la disposición legal que obliga a proporcionar asientos adecuados a las personas trabajadoras contratadas y subcontratadas que prestan servicios en oficinas, áreas administrativas, de atención al público u otras funciones compatibles con el uso intermitente o continuo del asiento, se solicitó una prórroga para poder ser discutido.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks sugirió que se volviera a presentar, reunirse a la brevedad y que prospere lo antes posible.
Seguimientos
Como parte del orden del día se dio seguimiento a cuatro iniciativas de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios que buscan garantizar a las personas servidoras públicas el derecho a desarrollarse en ambientes laborales libres de violencia y acoso de cualquier tipo; se otorguen permisos para realización de exámenes médicos de prevención y detección de cáncer; se proteja el derecho a la libertad y a la autonomía sindical para las cuales se llevarán a cabo mesas de trabajo el 28 de abril.
Otra más que propone cambios a la Ley de Profesiones para proteger en forma preventiva el derecho de los profesionistas, entre ellos, los abogados, para negar, suspender o abandonar la prestación del servicio profesional; una de reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para reforzar la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos, fortaleciendo la vigilancia del uso de los recursos; y la última de reforma a la Ley de Planeación estatal con el objeto de evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la erradicación de la pobreza. Para todas se realizarán mesas de trabajo el 5 de mayo.
Iniciativas
En la reunión se dio cuenta de seis iniciativas. La primera plantea cambios a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de agilizar mecanismos de justicia en favor del interés superior de la niñez. Ésta se enviará a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con 20 días para enviar sus comentarios.
Además, se generará el proceso de consulta con niños, niñas y adolescentes y se celebrará una mesa de trabajo.
La segunda propone ajustes a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de incorporación del Anexo Transversal de Género en el proceso de planeación, programación, presupuestación, evaluación y fiscalización del gasto público. Para su estudio se remitirá a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres, al IPLANEG, a la Secretaría de Finanzas y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios, y se llevará a cabo una mesa de trabajo
La cuarta plantea cambios a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. En este caso se enviará a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con un término de 20 días hábiles para remitir los comentarios, y se realizará una mesa de trabajo.
La tercera de reforma a la Constitución Política local, a fin de fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control democrático del poder público, al tiempo que combate privilegios y reduce espacios de concentración política, lo que puede traducirse en instituciones más cercanas al pueblo y en un mejor uso de los recursos públicos; la quinta se trata de la iniciativa de reforma a la Constitución Política local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objeto de armonizar el marco constitucional y legal del Estado de Guanajuato con las reformas federales en materia político-electoral; y la sexta propone reformas a la Carta Magna con el propósito de fortalecer la legitimidad directa en el sistema de representación proporcional y potenciar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva.
Las tres se remitirán al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Estatal Electoral y a los partidos políticos con registro nacional y representación en el estado, quienes contarán con un término de 3 días para remitir los comentarios.
Todas las iniciativas se enviarán a la Consejería Jurídica y se establecerán enlaces en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana.
La última se trata de una propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar a la Presidencia de la República, para que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, y en atención a la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada, adopte una postura institucional orientada al fortalecimiento de la cooperación internacional, el diálogo constructivo y la implementación efectiva de medidas que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones de personas en el país.
Asimismo, para que, en congruencia con las acciones propuestas por dicho Comité a la Asamblea General, promueva, facilite y, en su caso, acepte el acceso a mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada internacional, particularmente en las áreas de búsqueda de personas, análisis e identificación forense, así como en la investigación exhaustiva de las desapariciones y de los posibles vínculos entre agentes del Estado y la delincuencia organizada.
En el apartado de asuntos generales, el congresista Juan Carlos Romero Hicks realizó dos comentarios, uno sobre la función del Constituyente Permanente sobre la modificación del artículo 173 para dotar al país de una Ley General que ataque el flagelo del feminicidio, que se aprobará pronto y que se pueda hacer lo mismo en la entidad; el otro, relativo a las consecuencias del calendario electoral sobre los ajustes de armonización en lo local que tiene plazo para el 31 de mayo.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero habló sobre la iniciativa que presentó a la Constitución Política que tiene por objeto ir recogiendo y retratando la demanda de la ciudadanía con respecto a las mencionadas representaciones proporcionales para que en la entidad la lista que se tiene se modifique la manera en que se ha configurado históricamente.
Añadió que la propuesta es que se intercambien las posiciones para que una sea uno de la lista A, la otra de repechaje, así hasta el término, lo que da la oportunidad de que haya mayor representación de quienes hacen campaña de esa manera, y que la primera sea mujer, a fin de que exista la paridad de inicio.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla y Rocío Cervantes Barba, así como los diputados Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.