Guanajuato, Gto. – La Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato, mediante la cual se precisan las atribuciones de los ayuntamientos en materia de inspección y verificación sanitaria.
Lo anterior, con el objeto de fortalecer la protección de la salud pública y garantizar condiciones sanitarias adecuadas en el manejo, transporte y comercialización de productos de origen animal.
Las modificaciones establecen que los ayuntamientos, por conducto de las áreas o unidades administrativas correspondientes, podrán realizar inspecciones o verificaciones sanitarias en rastros y establecimientos dedicados al sacrificio, procesamiento, almacenamiento y venta de productos y subproductos de origen animal, así como en los vehículos utilizados para su transporte.
La diputada Rocío Cervantes Barba comentó que, para generarlo, se tomaron en cuenta las opiniones de las autoridades consultadas y los comentarios vertidos en las mesas de trabajo, por lo que se determinó que procedía la reforma señalada.
Apuntó que se busca fortalecer el marco normativo y dijo que la reforma atiende una problemática real del transporte de productos cárnicos cuya manipulación inadecuada puede contaminar los alimentos y que proliferen agentes patógenos que representan riesgos para la población.
Resaltó que la inocuidad alimentaria es un tema de interés público prioritario y que la reforma a la Ley Ganadera genera condiciones para una mejor vigilancia sanitaria, fortalece la certeza jurídica de los actores involucrados en la cadena comercial y es un avance pertinente, útil y compatible con el marco jurídico vigente.
De igual manera, se aprobaron cuatro dictámenes mediante los cuales se exhorta a:
· La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Federal de Electricidad para que, de manera coordinada, implementen un mecanismo extraordinario de regularización que permita a los productores agrícolas que no concluyeron su inscripción o reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo, dentro del plazo establecido, dar seguimiento y finalizar sus trámites.
La diputada Plácida Calzada Velázquez manifestó que entienden la importancia del programa de energía para las personas donde el acceso a la energía eléctrica representa un factor indispensable para mantener las actividades de riesgo y producción, sin embargo, justo para brindarles ese apoyo es que se determinó por parte del gobierno federal ampliar el plazo de inscripción hasta el 19 de mayo de 2026 y la preocupación planteada no ha pasado desapercibida, por lo que insistir en una ampliación de plazo que ya fue realizada no tenía caso.
Por su parte, el congresista Roberto Carlos Terán Ramos recordó que el dictamen no llegaba por casualidad porque el gobierno federal puso fechas donde debía poner soluciones y que votarían a favor, y que la ampliación resultó una improvisación.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
· La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que informen sobre la situación actual del gusano barrenador del ganado, las acciones y resultados de la estrategia implementada, y adopten medidas inmediatas para fortalecer la vigilancia, control y erradicación de la plaga, a fin de proteger la sanidad pecuaria y la seguridad alimentaria del país.
La diputada Plásida Calzada Velázquez consideró importante tomar las acciones que se están tomando sobre el gusano barrenador. Indicó que no se están minimizando las consecuencias para las familias ganaderas, el Estado y el país, pero existe una estrategia nacional que ha avanzado que no solo representa prevención sino vigilancia e inspección, que hay campañas permanentes, que hay trabajo técnico y avances que deben reconocerse. Afirmó que lo que corresponde es fortalecer la coordinación y respaldar el trabajo de las autoridades y el sector ganadero.
En su oportunidad, el congresista Roberto Carlos Terán Ramos externó que las autoridades federales no enviaron la información, que así no tienen autoridad moral para exigir paciencia a los ganaderos, que el silencio administrativo, además de una falta de cortesía institucional, es una falla de coordinación que el dictamen viene a corregir, exigiendo información pública sobre el estado real de la estrategia.
Finalmente, la legisladora Rocío Cervantes Barba indicó que ya el tema no es una contingencia aislada sino una amenaza a la actividad pecuaria, que la magnitud de sus efectos debe atenderse con prioridad.
Remarcó que la falta de respuesta impidió conocer con precisión el estado epidemiológico actual, los avances alcanzados, los obstáculos que han enfrentado y las acciones correctivas previstas para contener una problemática que continúa extendiéndose a diversas regiones del país.
Agregó que la situación actual obliga a redoblar esfuerzos y, particularmente, a fortalecer los mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, y subrayó que la propuesta encuentra su justificación no en una lógica de confrontación institucional sino en la necesidad de garantizar que las decisiones públicas se sustenten en información verificable, que los recursos destinados al combate de esas plagas generen resultados medibles y que los productores agropecuarios cuenten con la certeza de que existe una estrategia sólida para proteger su patrimonio y el futuro de la actividad ganadera nacional.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
· Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que diseñen e implementen una estrategia conjunta que permita contener el incremento en los precios de los fertilizantes, mediante la estabilización de costos, el fortalecimiento de la producción nacional, la diversificación del suministro y la vigilancia de precios, con el propósito de proteger la productividad del campo y la seguridad alimentaria.
La diputada Plásida Calzada Velázquez habló sobre los apoyos que se han dado en la materia desde la federación, la metodología utilizada y lo que se ha brindado para Guanajuato. Precisó que el gobierno federal ha utilizado la producción de PEMEX como apoyo directo, por lo que no acompañaría el exhorto.
En su oportunidad, la legisladora Noemí Márquez Márquez manifestó que, si no se aplica fertilizante por costo, no se genera grano y afecta a las mesas de la población. Añadió que dejar al productor mediano de lado no es justicia, que el insumo subió a un 57%, que nadie podía decir que no era real, porque los precios globales del fertilizante cerrarán con un alza promedio de 14%, y que el sorgo, el trigo y las hortalizas no tienen programa, los dejan enfrentarse solos en un mercado con crisis.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
· La Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las autoridades competentes, revise y atienda las demandas de los sectores agropecuario y del autotransporte, emita respuestas claras sobre su viabilidad y seguimiento, supervise el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo e informe al Congreso del Estado y a la ciudadanía sobre los avances y acciones implementadas.
La congresista Rocío Cervantes Barba se refirió a las recientes movilizaciones por organizaciones de transportistas, las cuales no deben analizarse como eventos que generan afectaciones a la circulación o actividad económica, sino como la afectación que sufren de manera directa las familias que dependen de este sector. Resaltó que resulta indispensable reconocer que de cada transportista existen familias cuyo sustento garantizan la movilización de mercancías, el funcionamiento de la industria y la estabilidad de los mercados.
Finalmente, comentó que, cuando no hay respuesta institucional eficaz se impacta a toda la población mediante el incremento de precios y el riesgo de desabasto, por lo que la propuesta cobra gran relevancia para que se articule el diálogo y la coordinación institucional, a fin de obtener respuestas reales y soluciones que recuperen la confianza de los sectores involucrados.
Mientras que el legislador Roberto Carlos Terán Ramos indicó que los bloqueos carreteros no fueron el descontento aislado sino muestra de una política insuficiente, que las demandas estructurales siguen sin respuesta y que la suspensión está condicionada a que las autoridades presenten compromisos y plazos específicos.
Para concluir, la congresista Plásida Calzada Velázquez manifestó que para ellos es muy importante la transparencia en la información, por lo que acompañarían la propuesta.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que elabore y haga público un diagnóstico actualizado sobre los riesgos fito y zoosanitarios que enfrenta el país y las capacidades humanas, técnicas, operativas, de infraestructura y presupuestarias necesarias para su prevención, vigilancia, control y erradicación, considerando la evolución y distribución territorial de dichos riesgos, así como las necesidades, preocupaciones y planteamientos expresados por los sectores productivos y sus organizaciones, cámaras y asociaciones.
Asimismo, para que, con base en los resultados de dicho diagnóstico, identifique las brechas entre las capacidades disponibles y las requeridas, determine las necesidades de fortalecimiento, establezca prioridades de intervención y gestione ante las instancias competentes los recursos que resulten necesarios para fortalecer la prevención, vigilancia, detección temprana, diagnóstico y capacidad de respuesta y contención frente a plagas y enfermedades de alto impacto.
Al respecto, se acordó remitirla a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a la Secretaría del Campo estatal con plazo hasta el 27 de noviembre de 2026 para que envíen sus comentarios.
Finalmente sobre la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional para que realicen las gestiones presupuestales, administrativas y de autorización que resulten necesarias a fin de garantizar la asignación de espacios que permitan la adecuada operación de las oficinas del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, así como su equipamiento y fortalecimiento operativo, con el propósito de asegurar la continuidad y accesibilidad de los trámites y servicios que dicha institución presta en beneficio de las personas ejidatarias y comuneras de la entidad, se pidió al Registro Agrario Nacional las acciones que se han realizado con plazo de 10 días hábiles.
En asuntos generales, la diputada Plásida Calzada Velázquez reconoció la importancia del trabajo legislativo que se lleva a cabo en esta instancia legislativa por la importancia del campo para México y Guanajuato, porque detrás, dijo, hay personas que diariamente salen a trabajar la tierra y generan los alimentos para la población, por lo que se pronunció para que se generen mejores condiciones para el sector.
En la reunión participaron las personas diputadas Rocío Cervantes Barba (presidenta), Roberto Carlos Terán Ramos, Noemí Márquez Márquez y Plásida Calzada Velázquez.
