Guanajuato, Gto. – En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron reformas a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con el objeto de incorporar la georreferenciación como una herramienta de utilidad para fortalecer la transparencia en los padrones de proveedores de los sujetos de la ley y dar certeza de su ubicación.
De igual manera, se ajusta el esquema sancionatorio, a fin de armonizarlo a la legislación federal; se regulan de forma detallada las notificaciones electrónicas dentro de los diferentes procesos de contrataciones y se adecuan diversas disposiciones para cohesionar las hipótesis relativas a la enajenación de bienes muebles para maximizar su aprovechamiento.
También se avalaron los dictámenes relativos a los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán y Yuriria, todas correspondientes al ejercicio fiscal de 2020.
Mismo trámite tuvieron los dictámenes de las iniciativas formuladas por el gobernador del estado para que se le autorizara, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación, mediante la donación de un bien inmueble de propiedad estatal en favor del municipio de Cortazar para destinarlo a la Casa de la Cultura; y de tres bienes inmuebles de propiedad estatal en favor de la persona moral denominada Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.
Además, se aprobaron los dictámenes que contienen el archivo definitivo de tres iniciativas. La primera, relativa a la propuesta de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato, formulada ante la LXIV Legislatura, que buscaba establecer las normas a que deberían sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en publicidad y comunicación institucional cumpliera con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; la segunda corresponde a la iniciativa de reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios y a la Ley de Contrataciones Públicas que planteaba emprender acciones que contribuyeran a reducir el impacto ambiental en el estado.
La tercera pretendía modificar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley de Contrataciones Públicas estatal que pretendía que todas las ampliaciones líquidas y traspasos presupuestales del Poder Ejecutivo destinados a gastos de comunicación social y publicidad se autorizaran por el Poder Legislativo; y eliminar la excepción que establece la Ley de Contrataciones Públicas respecto a los servicios de comunicación y publicidad, así como los relacionados a gastos de ceremonial, de orden social, cultural y de representación, congresos, convenciones y exposiciones.
Como parte del orden de día, la titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas expuso los análisis técnicos financieros de las iniciativas presentadas por los ayuntamientos de San Diego de la Unión y de Jaral del Progreso para que se les autorice la contratación de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 29 millones 173 mil 119 pesos y 14 millones, respectivamente, para destinarlos a proyectos de inversiones públicas productivas.
Finalmente, se radicó la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Silao de la Victoria mediante la cual solicita autorización para contratar un crédito hasta por la cantidad de 35 millones 757 mil 920 pesos con la misma finalidad que los anteriormente mencionados.
En la sesión participaron la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Miguel Ángel Salim Alle y José Alfonso Borja Pimentel.