Guanajuato, Gto. – Esta mañana, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se aprobó el dictamen de tres iniciativas de reformas a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guanajuato, con el propósito de fortalecer sus derechos, promover su participación en las decisiones públicas y garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, la salud y la justicia.
Con las reformas se incorporan disposiciones para establecer asignaciones presupuestales destinadas a los pueblos y comunidades indígenas, que serán administradas y ejercidas directamente por estos, conforme a la legislación aplicable y bajo criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales.
Asimismo, se establece que el Estado deberá destinar anualmente recursos suficientes y oportunos, bajo el principio de progresividad, para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Entre las modificaciones se contempla la promoción de la diversidad lingüística, así como la participación de representantes de estos pueblos y comunidades en la elaboración de programas educativos que contribuyan a preservar, desarrollar y transmitir su historia, lenguas, tradiciones y patrimonio cultural.
En materia de salud, se dispone que el personal asignado a las unidades médicas ubicadas en regiones indígenas y afromexicanas cuente con conocimientos básicos sobre su cultura, costumbres y lenguas. También se establece que se procure el acceso a la salud intercultural y el reconocimiento de sus saberes y prácticas tradicionales.
De igual manera, la Secretaría de Salud deberá difundir información y orientación en español, en las lenguas indígenas y, cuando corresponda, en sus variantes lingüísticas, mediante formatos accesibles, incluidos los medios orales, audiovisuales y comunitarios, entre otros aspectos.
Joaquín Gallegos del Consejo Estatal Indígena manifestó que la reforma es un tema trascendente para los pueblos y comunidades indígenas, un asunto de progresividad de derechos humanos, a favor de los pueblos originarios; mientras que Doroteo Mendieta indicó que se trata de dar certeza jurídica a las comunidades indígenas.
El diputado David Martínez Mendizábal se refirió a la necesidad de contar con un diagnóstico para conocer cómo está la situación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ya que al no tenerlo genera una incertidumbre de con quién dialogar.
Por su parte, el legislador Jesús Hernández Hernández manifestó que se analiza un proyecto que integra tres iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, se armoniza la legislación con el marco constitucional federal y se fortalecen el reconocimiento y los derechos de los pueblos originarios. Añadió que destacan cinco aspectos: participación y presupuesto; educación y cultura; salud intercultural; igualdad y no discriminación; y acceso a la justicia.
En su oportunidad, la congresista Plásida Calzada Velázquez apuntó que las propuestas coinciden en una responsabilidad fundamental: fortalecer las condiciones para que pueblos y comunidades puedan ejercer sus derechos, preservar su identidad y participar en las decisiones que inciden tanto en su vida como en sus territorios.
Afirmó que el proyecto de dictamen representa un avance para reducir barreras, fortalecer la participación y así dar mayor efectividad a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y personas afroamericanas.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se dio cuenta con dos iniciativas; una, de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato,con la finalidad de prohibir que en los procesos de reclutamiento, selección y contratación se impongan requisitos o filtros que carezcan de transparencia, objetividad o justificación razonable, o que se sustenten en estereotipos de género, apariencia física u otras condiciones personales que no guarden relación directa con las funciones del puesto.
Para su estudio se remitirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, quienes contarán hasta el 24 de noviembre para enviar sus comentarios. Además, se subirá la iniciativa al portal del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión y se llevará a cabo una mesa de trabajo.
La otra plantea cambios a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato con el propósito de establecer plazos máximos para la resolución de quejas y fortalecer la transparencia sobre la duración de los procedimientos que tramita la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
La propuesta se remitirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado con plazo al 1 de diciembre de 2026; se subirá al portal del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana; se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión y se realizará una mesa de trabajo.
Además, se analizaron tres propuestas de punto de acuerdo. Una para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que emprenda las acciones de coordinación con el Gobierno Federal, a fin de formalizar un Convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, estableciendo una estrategia de incorporación progresiva que permita a este sector en situación de vulnerabilidad acceder plenamente a sus derechos constitucionales, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
La segunda para solicitar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, que inicie y realice las acciones de coordinación con el Gobierno Federal, a fin de formalizar los instrumentos jurídicos necesarios en materia de colaboración que garanticen la universalidad y los derechos constitucionales de las personas con discapacidad permanente en la entidad, asegurando la asignación de recursos estatales suficientes para su implementación y cumplimiento progresivo.
Y la última para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que firme el Convenio con el Gobierno de México para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y, de esta forma, garantice el cumplimiento completo al derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente de recibir pensión.
El diputado Jesús Hernández Hernández se refirió a la iniciativa que presentó sobre la pensión no contributiva y que se encuentra en análisis. Agregó que las propuestas de punto de acuerdo inciden en el mismo tema, que es importante que con o sin convenio se debe avanzar en la iniciativa que permitirá dar cumplimiento a la pensión no contributiva y resaltó que lo que hace falta es voluntad política para sacarla adelante.
Asimismo, se pronunció por solicitar a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaria de los Derechos Humanos que remitan la información con un plazo de 15 días hábiles sobre el alcance del concepto de universalidad de la pensión y, en particular, si ésta se otorga a personas con discapacidad permanente los datos completos, desagregado por sexo y rango de edad, a diferenciación de las personas beneficiarias, según el tipo de discapacidad para contar con elementos objetivos que los ayuden a verificar la pertinencia de los puntos de acuerdo.
En su oportunidad, el legislador David Martínez Mendizábal indicó que no hay ningún obstáculo para aprobar los exhortos si están correctos, que no tiene que diferirse un proceso por el hecho de que la iniciativa esté en análisis y que han transcurrido cinco años sin que se concrete el tema. Finalmente, se pronunció por no ser omisos otra vez y dijo que, si hay que mejorar la propuesta, se haga, pero que no se detenga.
La congresista Plásida Calzada Velázquez puntualizó que ya se cuenta con toda la información necesaria para la dictaminación y que solicitaba que se elaborara el dictamen de las propuestas en sentido negativo porque no había ningún impedimento legal para hacerlo; mientras que el diputado Juan Carlos Romero Hicks mencionó que lo que se está proponiendo tenía dos rubros: que se amplíe esa consulta y que se haga lo necesario para dictaminar la iniciativa en la materia.
La propuesta del congresista Jesús Hernández Hernández fue avalada por mayoría de votos, por lo que se solicitará información a las dependencias antes citadas.
Seguimientos
Se dio seguimiento a las acciones aprobadas para dictaminar la iniciativa para armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente.
En cuanto a la iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, con el propósito de establecer un marco jurídico que garantice una pensión no contributiva estatal para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Al respecto, se comentó que se llevarán a cabo mesas de trabajo el 04 de noviembre, iniciando la primera a las 10:00 horas.
Previo a la aprobación del orden del día, el diputado Juan Carlos Romero Hicks solicitó un ajuste al orden del día para que las propuestas de punto de acuerdo relativas a la pensión universal se conjuntaran en un solo punto. Su solicitud fue avalada.
Asuntos generales
El congresista David Martínez Mendizábal señaló que el enfoque de derechos humanos debe prevalecer sobre todo tipo de decisiones y debe ser el principio bajo el cual se establezcan las políticas públicas y el trato entre las personas, y se observa nuevamente que se difiere el apoyo. También abordó lo relativo al puente en la ciudad de León en donde parece que hay una posible solución, y lo comparó con lo ocurrido en la Comisión que no se dio.
En respuesta, el legislador Jesús Hernández Hernández precisó que el exhorto no sumaba igual que la iniciativa, y que, si no estuvo presente en unos temas, fue porque estaba cubriendo los foros en materia de turismo accesible.
Finalmente, la diputada Luz Itzel Mendo González apuntó que se busca generar una política integral, y eso se está dando a través de la iniciativa que ya se encuentra en la Comisión.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta), Jesús Hernández Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Luz Itzel Mendo González y David Martínez Mendizábal.
Además, los acompañaron representantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos: Juan Álvaro Cortes Avilés, Rosalía Peralta Ibarra, Joaquín Gallegos, Azaf Ramírez Almaguer, Doroteo Mendieta Osornio, Octavio Ramírez y Alberto Alvarado; así como Roberto Aristeo Contreras y Sarahi Núñez Cerón de la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.