Guanajuato, Gto. – Esta mañana, en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobó el dictamen de la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Guanajuato y al Decreto Legislativo número 80, con el propósito de actualizar el marco jurídico estatal en materia de elección judicial, extorsión, soberanía nacional y establecer nuevas disposiciones en materia de educación ambiental.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla externó su agradecimiento a la comisión por incluir el concepto de educación ambiental en la Constitución Política local, para fortalecer y garantizar el derecho a la educación y a un medio ambiente sano. Agregó que establecerlo muestra la importancia que se le está dando al tema y permitirá fortalecer estrategias para prevenir el deterioro ambiental e impulsar un modelo de economía sostenible, de gestión de recursos y de aprovechamiento de los mismos.
Por su parte, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero manifestó que acompañaba el dictamen porque la Constitución local debe mantenerse actualizada y dar certeza frente a los temas que hoy preocupan a la entidad. Indicó que, en el caso de la extorsión, se armoniza el marco local para fortalecer la respuesta institucional ante un delito que afecta la tranquilidad de las familias y la actividad de nuestros comercios.
Añadió que, en materia de elección judicial, se realizan los ajustes necesarios para cumplir con las disposiciones constitucionales y dar claridad a los procesos que corresponden, y se incorpora la protección del medio ambiente como un compromiso que debe reflejarse en las decisiones públicas, además de actualizar disposiciones vinculadas con la defensa de la soberanía nacional.
En su oportunidad, el legislador David Martínez Mendizábal indicó que se incorpora una propuesta de su grupo parlamentario en materia de extorsión, delito que ahora es más penalizado y armoniza la Constitución Política local con la federal y se establece como uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Apuntó que no se crea un tipo penal nuevo para la entidad, sino que se adecua y reconoce que la actuación judicial debe sujetarse a lo dispuesto en lo federal.
También habló sobre lo referente a la reforma judicial y detalló diversos aspectos con los que cuenta, como que se corrigen aspectos de la reforma local previa.
La diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la reforma judicial responde a un parche que se hizo previamente, que había cambios como las licencias y otros que eran necesarios, pero siempre queda la sospecha porque hay un comité que elegirá, sin embargo, destacó el tema de la educación ambiental, porque lo demás, dijo, tenía que hacerse.
Finalmente, el legislador Juan Carlos Romero Hicks comentó que, en resumen, con el dictamen se armoniza la Constitución Política local con la federal, con las incorporaciones que Guanajuato haría para su legislación correspondiente. Refirió que cada cambio tiene su propia lógica, como en materia del Poder Judicial que se elimina el retiro forzoso de jueces, el requisito de cinco años de vivir en el Estado para un cargo del Poder Judicial, el plazo de la presidencia de tres años, entre otros.
De igual manera, avaló el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato que busca fortalecer la simplificación y digitalización de trámites en Guanajuato.
La diputada María Eugenia García Oliveros se pronunció a favor al considerar que tiene una importancia de trascendencia, al armonizar la legislación con la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Apuntó que lo que se busca con la norma nacional es disminuir los trámites para las personas y que cada vez que una quiera hacer un trámite ante cualquier instancia pueda ser de manera digital, así como disminuir los requisitos.
Precisó que se le ha puesto poca atención a esta estrategia que ya ha dado buenos resultados y que la idea era sencilla: si el gobierno ya tiene la información, no debería ser necesario pedírsela a las personas cuando van a hacer un trámite.
Además, aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato con el propósito de fortalecer el proceso de planeación del desarrollo estatal y municipal e incorporar principios de igualdad, derechos humanos, interculturalidad, sostenibilidad y participación social.
En su oportunidad, la congresista Susana Bermúdez Cano argumentó que el dictamen debe ser atendido de manera general en sentido positivo, sin embargo, puntualizó que el intento de realizar la simplificación de trámites burocráticos y que sean más accesibles para todas y todos a través de la vía digital tiene en sí muchos retos, ya que no todos los municipios tienen la misma infraestructura.
Bermúdez Cano refirió que la simplificación administrativa debe atenderse, a fin de brindar mejores servicios, ser más eficientes y aprovechar la tecnología, así como eliminar duplicidades.
Además, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, con la que se incorporan nuevos principios y herramientas para fortalecer la planeación del desarrollo estatal y municipal, con énfasis en la igualdad sustantiva, la movilidad social, los derechos humanos y la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El congresista David Martínez Mendizábal manifestó que se pretende incorporar la evaluación de la política pública en materia de pobreza para que forme parte de la planeación estatal. Resaltó que es importante medir la pobreza porque forma parte de las evaluaciones de impacto.
Por su parte, la legisladora Plásida Calzada Velázquez indicó que las mujeres padecen múltiples violencias, por años de desigualdad, una cultura que invisibiliza a la mujer y la ha reducido a la condición de objeto y le ha negado la dignidad de personas poseedoras de derechos, y puntualizó que hacer cambios en la legislación que promuevan una vida de violencias para las mujeres es una necesidad imperiosa.
La diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que la reforma atiende el mandato constitucional de armonizar en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas e incorpora un enfoque intercultural al Sistema Estatal de Planeación para garantizar su participación efectiva, informada y culturalmente pertinente en la planeación, evaluación de políticas públicas que incidan en sus territorios y estilos de vida; asimismo, comentó que también considera la medición de la pobreza y la igualdad sustantiva.
Mismo trámite tuvieron los dictámenes de dos iniciativas en los cuales se ordena su archivo definitivo. La primera planteaba cambios a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que buscaban fusionar la Secretaría de Seguridad y Paz y la Fiscalía General del Estado para crear la Secretaría de Justicia, y una reforma a la Constitución Política local para expedir la Ley Orgánica de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato.
La segunda buscaba reformar también la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para que la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato (PRODHEG) cuente con las facultades para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares.
Otros asuntos
Como parte del orden del día, se dio cuenta con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, con el objeto de que las iniciativas de ley puedan ser sujetas a referéndum y disminuya el porcentaje de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores vinculados al referéndum.
Para su estudio se remitirá a la Consejería Jurídica, al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Estatal Electoral, quienes contarán 20 días hábiles para remitir sus comentarios. Además, solicitar a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un dictamen de impacto presupuestal.
Por el mismo periodo, se habilitará una liga en el portal de internet, para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Asimismo, se acordó modificar la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, en materia de gratuidad de la educación superior, y se dio cuenta con la tarjeta informativa en la materia. La congresista Rocío Cervantes Barba se pronunció en contra del cambio; mientras que la diputada Susana Bermúdez Cano solicitó que se eliminara la mesa de trabajo y se fuera directamente a la elaboración del sentido del dictamen en sentido negativo, su propuesta fue aprobada.
También se avalaron los proyectos de convocatoria para invitar a niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad a participar en la consulta sobre diversas iniciativas; se declaró la caducidad de varios asuntos y se acordó la duplicidad de término de dos iniciativas. La primera, a efecto de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, con el propósito de proveer un enfoque y análisis prioritarios a los temas relacionados con el agua en el Estado.
La segunda propone cambios a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato en materia de la reforma a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Finalmente, se dio seguimiento a diversas metodologías de estudio y dictamen de iniciativas que esta comisión legislativa tiene turnadas.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros, Rocío Cervantes Barba, María Isabel Ortiz Mantilla, Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza. Además, los acompañaron la congresista Plásida Calzada Velázquez y el legislador David Martínez Mendizábal.