Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de votos, reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a fin de consolidar mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como reforzar la actuación de las autoridades encargadas de su protección.
Las modificaciones aprobadas contemplan ajustes orientados a mejorar la coordinación institucional, fortalecer las medidas de protección y asegurar una atención más eficaz en los casos donde se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con estas reformas se incluyen en el glosario los conceptos de mínima intervención cuando niñas, niños y adolescentes intervengan en procedimientos judiciales como víctimas o testigos; la no revictimización; y trabajo infantil.
De igual manera se establecen como atribuciones de la Secretaría de Educación el emitir disposiciones que regulen el uso de dispositivos de las tecnologías de la información y de la comunicación en el entorno escolar con el fin de que no interfieran con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como promover un ambiente escolar seguro y adecuado; formar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático e inculcar a niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz y la educación cívica.
También se incluye como obligación del Poder Legislativo de celebrar, por lo menos una vez cada Legislatura, un Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes para fomentar la cultura legislativa; como atribución de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes el revisar los planes de restitución de derechos elaborados por las Procuradurías Auxiliares para, en su caso, proponer su modificación con la finalidad de que los derechos restringidos o vulnerados de las niñas, niños y adolescentes sean debidamente restituidos y garantizados.
En cuanto a la Integración del Consejo Directivo de la Procuraduría de Protección se agrega que las personas titulares de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de la Honestidad y de la Secretaría de Finanzas serán invitadas permanentes a las sesiones del Consejo Directivo.
Además, se precisa en cuanto al derecho a una vida libre de violencia digital que corresponderá a las autoridades, como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia, dar cumplimiento a las disposiciones que regulen el uso de dispositivos de las tecnologías de la información y de la comunicación en el entorno escolar. Dichas disposiciones deberán orientarse a prevenir cualquier forma de violencia digital, garantizar un entorno seguro para el aprendizaje y salvaguardar el bienestar e integridad del educando.
Se añade la obligación de las autoridades estatales y municipales de coordinarse con las autoridades federales para implementar acciones orientadas al cumplimiento de la legislación laboral y a la erradicación del trabajo infantil, mediante la atención y combate de sus causas, incluyendo la realización de campañas de concientización y sensibilización dirigidas a la población que promuevan la denuncia.
De igual manera se incluyen entre los fines de la educación el fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales, la cultura de la paz, la educación cívica y el respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, la educación cívica y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos; difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos; e inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente; así como el respeto, cuidado y procuración del bienestar de los animales; y se fortalecen las procuradurías auxiliares.
Al hablar a favor del dictamen, la congresista Plásida Calzada Velázquez indicó que el dictamen reconoce algo fundamental, que las niñas que los niños y adolescentes deben estar en el centro de las decisiones, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su desarrollo y su futuro jurídico.
La legisladora resaltó que reconóceles sus derechos no es suficiente si no lo hacen en la realidad y que tienen la responsabilidad de que esos derechos los vivan todos los días, lo que significa, por ejemplo cuidar, que cuando una niña o un niño participa en un proceso judicial no debe ser expuesto innecesariamente, no deben ser revictimizados; significa también garantizarles un trato digno, un espacio seguro en sus escuelas, el uso responsable de la tecnología educación, en el cuidado del medio ambiente y la construcción de una cultura de paz.
Enfatizó que el dictamen recoge la visión de fortalecer la ley para que sus derechos no nada más se queden escritos, sino que sean protegidos y acompañados en cada etapa de su desarrollo.
“Hoy no estamos nada más discutiendo un documento, estamos diciendo qué tanto estamos dispuestos a hacer por nuestras infancias; este dictamen entonces representa el día de hoy una oportunidad para cerrar brechas, una oportunidad para cerrar omisiones pero, sobre todo, de construir un marco legal que sea mucho más justo, que sea más humano y que sea más cercano a lo que realmente están viviendo el día de hoy miles de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato”, concluyó.
En su intervención, el congresista Jesús Hernández Hernánde calificó la iniciativa como un paso firme y responsable hacia la justicia social en Guanajuato por ver por la erradicación del trabajo infantil y la participación ciudadana de los menores, además de que le dictamen busca fortalecer el marco legal vigente mediante el ajuste de definiciones técnicas que eliminen ambigüedades y garanticen una mayor claridad normativa bajo el principio de interdependencia de los derechos humanos.
Asimismo, respaldó la consolidación del Parlamento Infantil como un espacio institucional permanente para la escucha activa de las inquietudes de la niñez, enfatizando que las políticas públicas deben diseñarse con empatía y sensibilidad hacia los diversos contextos sociales en los que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes de la entidad.
En su oportunidad, la congresista Ana María Esquivel Arrona manifestó que en el recinto las voces de las niñas, niños y adolescentes son el eje central y el alma de la labor legislativa.
Precisó que el dictamen en comento es fruto de un ejercicio de consulta, que nació de escuchar a las niñas, niños y adolescentes que compartieron sus opiniones para ayudarlos a comprender que la ley debe ser un refugio seguro y un pilar firme para sus sueños.
Añadió que el dictamen integra siete iniciativas y que entre los aspectos más importantes se destacan la incorporación de los principios de mínima intervención y no revictimización, con ello se garantiza que el contacto con las instituciones sea siempre protector e integral; se robustecen las Procuradurías Auxiliares, las cuales constituyen la primera línea de defensa para la restitución de derechos y fortalecerlas significa dotar al Estado de una capacidad real para intervenir ante cualquier situación de vulnerabilidad.
También dijo que se actualizan conceptos fundamentales para orientar la educación hacia el respeto del medio ambiente, la cultura de la paz y la formación cívica; se aborda la problemática del trabajo infantil, definiendo con claridad el concepto como aquello que vulnera el desarrollo de las infancias, estableciendo mecanismos de coordinación con autoridades federales para su erradicación, porque ninguna niña o niño debería abandonar la escuela ni su tiempo de juego por jornadas laborales.
Esquivel Arrona abundó que se adiciona el Parlamento Infantil en la ley, lo que materializa la visión de un Estado donde las infancias no solo sean escuchadas, sino que formen parte activa de la cultura legislativa; y se reconoce que la tecnología es una herramienta poderosa pero también puede ser una barrera para el aprendizaje, por lo que se faculta a la Secretaría de Educación para regular el uso de dispositivos de información y comunicaciones del entorno escolar, asegurando que no interfieran con la enseñanza y promoviendo un ambiente seguro.
Finalmente, la diputada Miriam Reyes Carmona indicó que el dictamen conlleva a llevar a cabo acciones específicas para erradicar el trabajo infantil, toda vez que el trabajo de menores no solo vulnera la dignidad de la infancia, sino que perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad estructural.
Agregó que no puede existir una verdadera igualdad sustantiva mientras existan menores obligados a trabajar para sobrevivir, por lo que la reforma plantea una estrategia integral que articula educación, salud y desarrollo social para garantizar que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en entornos seguros y escolares.