Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a aparatos para movilidad asistida.
En las reformas se establece como obligación del titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, el que determinen el otorgamiento de aparatos de movilidad asistida a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que así lo requieran, para lo cual deberán de prever la partida correspondiente en sus presupuestos.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla hizo uso de la voz para hablar a favor del dictamen. Señaló que la discapacidad era uno de los mayores desafíos de vida que podía enfrentar una persona, pero, aunque muchas veces implica mayores obstáculos en el desarrollo de las actividades cotidianas, no tenía por qué significar un aislamiento, ni una sentencia de inmovilidad.
Apuntó que con la reforma se incluía de manera específica que, en el ámbito de sus competencias, tanto el titular del Poder Ejecutivo como los 46 ayuntamientos determinarán el otorgamiento de aparatos de movilidad asistida a las personas con discapacidad que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que así lo requieran.
“De este modo se complementa el compromiso ya vigente de que dichas autoridades trabajen, con la participación que corresponda a los sectores social y privado, en políticas públicas, estrategias, acciones y objetivos para equiparar oportunidades, generar condiciones de accesibilidad y propiciar el desarrollo integral y la inclusión social de todas las personas con discapacidad en el estado”, afirmó la congresista.
Finalmente reconoció la labor del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, de las familias, de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil para abrir un camino de esperanza y de inclusión, ya que, subrayó, la plena inclusión de las personas con discapacidad no sólo era un deber de justicia elemental, sino un elemento indispensable para hacer realidad el potencial del estado.
La diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno presentó una reserva y señaló que el decreto preveía la adición de un párrafo al artículo 35, el cual, no correspondía a la pretensión originaria de los iniciantes, que no era otra que establecer la obligatoriedad de otorgar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad aparatos de movilidad asistida.
Manifestó que solo se había estableció una norma programática no directamente aplicable, que dejaba su cumplimiento a la voluntad de los sujetos obligados, porque requería de las acciones volitivas de éstos para ser eficaz.
“Es precisamente su ineficacia la que nos obliga a realizar la presente reserva, para transformarla en una norma preceptiva, que implique un mandato del legislador para que la misma obligue a las autoridades a prever en sus presupuestos una partida para la adquisición de aparatos de movilidad asistida y con ello atender con eficacia este sector de la sociedad”, enfatizó Guerrero Moreno.
La congresista reiteró que su propuesta implicaba que se debía de prever la partida correspondiente en sus presupuestos, y con ello, contribuir a la generación de condiciones para que verdaderamente se mejorara la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como su inclusión en un marco de igualdad, desarrollo social y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de vida como fue la intención originaria de los iniciantes la cual compartimos.
Su reserva fue aprobada.
Como parte del orden del día de la sesión se aprobó el archivo definitivo de dos iniciativas formuladas por la diputada y los diputados integrantes del GPPVEM ante la LXII Legislatura que buscaban reformar la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; así como un punto de acuerdo mediante el cual se solicitaba un informe detallado de los programas en operación en beneficio de los ciudadanos guanajuatenses en el extranjero y de aquellos que han regresado al Estado, así como el plan de acción para la temporada navideña 2019.
La diputada María de Jesús Eunices Reveles Conejo habló a favor del dictamen y agradeció a los integrantes de la Comisión de Atención al Migrante las atenciones que dieron al mismo; así como la pronta respuesta del titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato, lo cual dejó sin materia el punto de acuerdo.
“No olvidemos que nuestros migrantes son un pilar fundamental en la vida política, económica y social de nuestro Estado, y las remesas que envían a sus familias, son, no sólo una fuente de ingresos fundamental para ellos, sino un motor importante en la economía de nuestro Guanajuato”, subrayó la congresista.
Además, se declararon revisados los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas de Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jerécuaro, Acámbaro, Salvatierra y Tierra Blanca; así como a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública de San Miguel de Allende y Pénjamo, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2018.