Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios de agua potable y drenaje a quienes hoy carecen de ellos.
Con estas reformas se fijan las bases para que los gobiernos municipales doten de esos servicios a colonias y fraccionamientos en vías de regularización.
Se establece dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal del Agua el coadyuvar con las autoridades y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, en las acciones de su competencia para gestionar la dotación de servicios públicos de agua potable y drenaje y, en su caso, de tratamiento y disposición de aguas residuales, a los asentamientos humanos en proceso de regularización.
De igual manera, se precisa que los ayuntamientos deberán evaluar, planear, promover y ejecutar las acciones para la dotación de los servicios públicos de agua potable y drenaje, a dichos asentamientos. Contempla que el organismo operador de agua tendrá que participar con las autoridades estatales competentes y los ayuntamientos en las acciones para la dotación de los servicios mencionados.
Además, se considera que en los procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra ejecutados por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos se podrán realizar acciones tendientes a la ejecución de obras de infraestructura, así como la dotación de los multicitados servicios para los lotes en proceso de regularización.
Lo anterior, siempre que se cumpla con que el asentamiento humano se localice en zonas cuyo uso de suelo sea apto para vivienda y susceptibles de urbanización, y no comprenda reservas ecológicas, zonas de riesgos o áreas en las que esté prohibida la construcción de vivienda; se haya instaurado el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, para ordenar la situación jurídica de los lotes y de sus poseedores; y no se haya incrementado el número de lotes existentes en el asentamiento a partir de que se dio inicio al proceso de regularización.
Asimismo, que el costo de la contratación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado y, en su caso, de tratamiento disposición de aguas residuales quedará a cargo de los poseedores de los lotes a regularizar; y contar con una consolidación mínima del 30% de viviendas ocupadas del total de los lotes que integran el asentamiento humano susceptible a regularizar.
Además, se precisa que en épocas de escasez de agua cuando se hagan restricciones tendrá prioridad el uso doméstico.
En los artículos transitorios se establece que las personas que habiten en los asentamientos humanos que cuenten con resolución gubernativa por la que se haya regularizado la tenencia de la tierra, podrán iniciar los trámites relativos a la contratación y dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, aún cuando no se cuente todavía con título de propiedad sobre el lote respectivo.
Al hablar a favor de la iniciativa, el diputado Miguel Ángel Salim Alle mencionó que las reformas planteadas demuestran que se puede mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, además de agradecer a los empresarios, a los miembros de la sociedad civil y los diversos organismos involucrados en el tema, por su participación en las mesas de trabajo.
Asimismo, mencionó que las modificaciones dan certeza jurídica a las autoridades locales para la dotación de servicios públicos de agua potable a los asentamientos humanos en proceso de regularización; se establecen los criterios que deben satisfacerse con el objeto de dar cumplimiento al acceso del derecho al agua y se atienden las diversas consideraciones en materia económica que fueron compartidas por los municipios.
“Hoy, estamos respondiendo a exigencias de madres de familia que todos los días requieren salir de sus hogares para ir a una toma comunitaria o esperar al tandeo por pipas para llevar agua a sus hogares. Es una política enfocada en la salud de niñas, niños y adolescentes para hacerles llegar a sus hogares el agua que necesitan y en condiciones que exigen las normas aplicables”, concluyó.
Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal habló a favor de la iniciativa mencionando que se concuerda con poder saldar una deuda con personas que viven día con día obstáculos para poder tener acceso al agua potable, ya sea transitando grandes distancias o costeando a un precio alto el precio de pipas de agua.
A su vez, el congresista precisó que quedan dos pendientes en materia del derecho universal al agua, que es la prohibición de la privatización y el derecho al reciclado, porque entre los riesgos que no se aprobaron se encuentra el no utilizar el máximo de recursos disponibles que podría limitar la eficiencia y la inversión en zonas de vulnerabilidad, junto al deterioro de los servicios por la falta de sostenibilidad, lo que podría ocasionar que el agua se vuelva una mercancía y se tengan problemas de accesibilidad por la imposición de costos.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad.