Guanajuato, Gto. – Con el objeto de evitar que artículos de procedencia ilícita sean depositados o comercializados en casas de empeño, yonkes y chatarreras; así como contribuir a la prevención de delitos y dar mayores elementos para la procuración e impartición de justicia, el Pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño y a la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores de Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, ambas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Dichas reformas contemplan que las casa de empeño y establecimientos dedicados a la compraventa o adquisición de vehículos automotores en desuso y autopartes, y metales para reciclaje deberán implementar sistemas de reconocimiento de huellas dactilares.
En cuanto a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño se establece como uno de sus fines el establecer las bases para la expedición del permiso estatal que deben obtener los establecimientos mercantiles cuyo propósito sea realizar y ofertar al público la celebración de contratos de mutuo interés y garantía prendaria; así como regular los mecanismos mínimos de cooperación y auxilio de las autoridades ministeriales en el desahogo de sus tareas relativas a los expedientes de investigación.
Por lo que respecta a la a la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores de Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, se precisa como uno de sus fines el establecer las bases para la instalación, funcionamiento y operación de los establecimientos mencionados, así como dictar las medidas de seguridad, tendientes a evitar que artículos de procedencia ilícita sean comercializados en los mismos.
En los artículos transitorios se señala que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración contará con un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir los lineamientos técnicos que determinen las características y medidas de seguridad de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares para su tratamiento que deberán instalar las casa de empeño y los establecimientos dedicados a la compraventa o adquisición de vehículos automotores en desuso y sus autopartes, así como en los que se comercializan, manejan o disponen de metales para reciclaje.
Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada Vanessa Sánchez Cordero y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo; mientras que, para hablar a favor, hizo uso de la voz la diputada Jéssica Cabal Ceballos.
La diputada Vanessa Sánchez Cordero consideró que las reformas en cuestión no tienen sustento práctico y se deben atender los reclamos ciudadanos, pues cuando se traslada a los particulares una obligación originaria del Estado, debe existir una justificación clara; sin embargo, dijo en este caso no se tiene.
Recordó que las leyes vigentes obligan a los propietarios de estos establecimientos regulados, a proporcionar información respecto a los objetos y datos de las personas que acuden a estos lugares para realizar sus operaciones.
Por su parte, la legisladora Jéssica Cabal Ceballos, quien manifestó que el dictamen representaba una acción legislativa que seguramente sería importante en la estrategia de combate a la delincuencia que se lleva a cabo en Guanajuato y en todo el país.
Cabal Ceballos habló de los cambios hechos a la propuesta legal, donde se eliminó el uso de aparatos biométricos y se dejó sólo el uso sistemas de reconocimiento de huellas dactilares. Indicó que dicha medida no se trataba de un elemento que resultara invasivo a la intimidad de las personas, sino de un estándar en expansión, pues algunos servicios proporcionados por particulares, principalmente bancos, ya solicitaban el registro de las huellas digitales como medida de seguridad y que algunas casas de empeño ya funcionan bajo el esquema de recabar dicha información.
En su oportunidad, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló en contra del dictamen y señaló que desde la presentación de la iniciativa se percibían ciertos errores técnicos, legislativos y constitucionales, por lo que debió ser archivada.
Mencionó que se consultaron a diversas instituciones y al gremio de recicladores, yunques y casas de empeño, quienes se manifestaron en contra de la iniciativa, pues representaría una carga económica excesiva e infundada.
En rectificación de hechos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que aún en Pleno las iniciativas podían ser enriquecidas con modificaciones, y que la iniciativa fue analizada a profundidad por los involucrados y se había escuchado a representantes del gremio; que no era una imposición sino una colaboración, que en ningún momento se trasgredía los derechos humanos de las personas ni era inconstitucional.
Mientras que la legisladora María Magdalena Rosales Cruz se manifestó a favor de perfeccionar la norma, pues consideró que no era justo la aplicación de la norma para todos los involucrados, ya que sus ingresos y negocios eran diferentes. Mencionó que existen comercios pequeños a los cuales les costará trabajo adquirir los aparatos que se están considerando.
Al respecto, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá subrayó que para la perfección de la norma debían estar presentes en las reuniones donde se analiza y se toman las decisiones que hacen llegar al resultado final; y que la norma debía ser general, no se podía excluir a nadie.
En una segunda intervención, la diputada Rosales Cruz enfatizó que respecto a la generalización de la ley no se debía hacer porque eran casos particulares, y no se podía generalizar lo que eran supuestos diferentes.
Por su parte, la diputada Vanessa Sánchez Cordero rectificó hecho respecto a la carga que se impone a los particulares. Comentó que las modificaciones que se proponen obligan a los particulares a adquirir aparatos y a capacitar al personal, incluso, dijo, se establece que deberán contar con un servicio de internet para poder contactarse con la Fiscalía General del Estado, lo cual les representa un gasto importante.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá subrayó que lo que motivo la iniciativa era una situación detectada en que las personas que se dedican a hurtar abusan de los establecimientos que se dedican a comercializar los productos y se tiene que dar certeza jurídica a los que están en dichos establecimientos.