Guanajuato, Gto.- Este día, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Ministerio Publico del Estado de Guanajuato en materia de fuero.
En la exposición de motivos el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo señaló que una de las exigencias de la ciudadanía es que se eliminen “privilegios”, en razón de que todos los funcionarios y servidores públicos se conduzcan bajo altos principios éticos, con responsabilidad en su actuar y con un sistema claro de rendición de cuentas.
Con esta iniciativa se busca eliminar el fuero, ya que consideró que el espíritu de la norma que lo sustenta ha sido desvirtuado actualmente. “Debemos trabajar para terminar con figuras que protegen a los políticos y funcionarios públicos que han traicionado los principios del ejercicio político para delinquir al amparo del cargo desempeñado”, puntualizó el legislador.
Asimismo, aseguró que los derechos y obligaciones políticas, administrativas, penales y civiles deben ser iguales para todos y evitar los privilegios, aunado a que se aplique la garantía de igualdad plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y dar igual tratamiento a toda persona que cometa conductas delictivas, sin mayor protección que la concedida a todo inculpado en el proceso penal.
La iniciativa propone que diputados, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, miembros del Consejo del Poder Judicial, titulares de dependencias, miembros de los ayuntamientos y magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo sean juzgados por delitos del fuero común.
De igual forma, la iniciativa plantea que en ningún caso los funcionarios y empleados públicos estatales y municipios gozarán de fuero ni inmunidad. Además, se adiciona que en demandas de orden penal del fuero local no gozarán de fuero alguno y establece como atribución del Procurador del Estado solicitar la declaración de procedencia por la comisión de delitos del orden federal en contra de servidores públicos del Estado.