GUANAJUATO, GTO.- El Grupo Parlamentario del PRI presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato en materia de designación del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En la exposición de motivos, el diputado Rigoberto Paredes Villagómez señaló que el perfil idóneo de ombudsman puede alcanzarse si este reúne ciertos requisitos de tipo sustantivo y otros de carácter institucional.
Mencionó que los de tipo sustantivo se conforman con la exigencia de contar con conocimientos y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, la de encontrase inmiscuido en el contexto o realidad de la sociedad en la que se desempeñará, así como la de no haber sido objeto de recomendaciones provenientes de Organismos de Protección de los Derecho Humanos.
Por otro lado, indicó que los requisitos institucionales consisten en gozar de absoluta independencia, es decir, una separación real y efectiva de los centros de poder público y privado, políticos y económicos; así como una efectiva ciudadanización, esto es, su legitimidad o que encuentre una verdadera representación de los intereses de la sociedad civil.
“Resulta impostergable superar el actual diseño constitucional y legal que para tal propósito tiene el estado de Guanajuato, y evolucionar institucionalmente en los requisitos de elegibilidad del titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer su independencia y garantizar su legitimidad; además de acercar la designación de dicho titular a las exigencias democráticas actuales de la entidad” aseveró.
La iniciativa propone como facultad del Poder Legislativo del Estado la designación del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y a los integrantes del Consejo Consultivo por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes. Asimismo, la Diputación Permanente tendrá la facultad de ratificar los nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo.
Asimismo, la propuesta establece que quien haya fungido como procurador o subprocurador de justicia, secretario o subsecretario dentro de la administración pública en el año anterior a su elección, no podrá desempeñar cargos de dirección en el Poder Ejecutivo, ni ser postulado a cargos de elección popular durante el año siguiente a la fecha de conclusión de su encargo.
Por otro lado, quien haya fungido como Procurador de los Derechos Humanos no podrá desempeñar cargos de dirección en el Poder Ejecutivo, ni ser postulado a cargos de elección popular durante el año siguiente a la fecha de conclusión de su encargo.